¿Sabemos qué es el Reglamento Ómnibus de la UE?

 

¿Está la UE dispuesta a sacrificar la sostenibilidad en aras de la competitividad? O será, como se pretende, un reglamento que integre ambas cuestiones vitales para Europa

Desde diciembre de 2024 son muchos los rumores que especulan con el Reglamento Ómnibus que prepara la UE para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la eurozona.

 

Contexto del Reglamento Ómnibus  

 

Lo primero que debemos conocer es el contexto de este nuevo reglamento, que veremos a lo largo de 2025 y que será el primero, probablemente de varios, en los próximos años. En este sentido debemos introducir tres hitos clave que han desencadenado este replantea­miento de la nueva comisión europea:

 

• La pérdida de competitividad de la UE.

 

• El viraje en las elecciones europeas.

 

• El informe Draghi que se presentó en el último trimestre de 2024 pone de manifiesto la sobreregulación de la UE y la pérdida de competitividad, referenciando los retos que debe salvar la UE para volver a la senda de crecimiento y liderazgo.

 

En este punto es importante recalcar el tsunami regulatorio que ha experimentado la UE en los últimos años, especialmente en lo referente a la sostenibilidad. En este sentido, no parece una mala praxis si tenemos en cuenta el objetivo de la Comisión Europea, que era cambiar el paradigma hacia la sostenibilidad con ese objetivo a largo plazo neutro en car­bono. Para que esto ocurra es necesario un marco regulatorio que provoque el cambio, de lo contrario las cosas no ocurren por sí solas.

 

Quizás en este aspecto el gran error de la Comisión ha sido la falta de pedagogía y explicar que este objetivo Net Zero es bueno para las empresas y para Europa, demostrando de qué manera lo es y no poniendo en el centro el medio ambiente y el cambio climático. Hubie­se sido más acertado hablar de desconexión energética de Rusia, EEUU, Emiratos Árabes, Argelia, etc. que de cambio climático pues siempre las cuestiones vinculadas al medio am­biente son menos tangibles.

 

Otra cuestión clave en este contexto y estrechamente vinculada a la falta de pedagogía, es que muchas empresas aún están en proceso de adaptación a este nuevo marco regulatorio. La complejidad de la normativa, sumada a la necesidad de desarrollar capacidades especí­ficas dentro de los equipos, ha supuesto un desafío en la implementación efectiva de estas medidas.

 

 

Con este telón de fondo, en diciembre la presidenta de la Comisión Europea lanzó la noticia de que iban a trabajar en un mejorar la competitividad de la UE y el 29 de enero se ha publi­cado el documento #CompetitivenessCompass.

 

Objetivos de la nueva propuesta

 

Claro está que este documento ahora hay que desarrollarlo, y hasta el 26 de febrero no conoce­remos los resultados de las negociaciones y por tanto el impacto que tendrá esta nueva hoja de ruta en las siguientes cinco acciones clave:

 

1.- Simplificación regulatoria y administrativa, en especial para las Pymes. Menos legislación y más operatividad.

 

2.- Potenciar el mercado único eliminando barreras.

 

3.- Financiación y reenfoque del presupuesto de la UE.

 

4.- Empleo de calidad y promover capacidades garantizando la equidad social.

 

5.- Mejorar la coordinación de políticas entre la UE y los países.

 

Competitividad y Sostenibilidad pueden ir de la mano

 

Esta nueva Estrategia de la UE afecta directamente a la sostenibilidad, pues en el ramo de la simplificación normativa y administrativa se encuentran los pilares del Pacto Verde Eu­ropeo:

 

Taxonomía. Reglamento que define qué es sostenible y que no, desde una perspectiva de negocio y financiera. Basándose en criterios técnicos y el estado del arte.

 

CSRD. Directiva que redefine el modelo de reporting en las grandes empresas, derogando la Ley 11/2018 de estados de información no financiera.

 

Diligencia debida. Que establece la obligación para empresas de más de 1000 trabajadores de informar sobre sostenibilidad y derechos humanos en la cadena de valor.

 

CBAM. Que obliga a los importadores de ciertas materias primas a informar sobre las emisiones de CO₂ en origen y pagar como si se hubieran producido en Europa.

 

Aunque aparentemente esto puede ser negativo para la Sostenibilidad y pueda aparentar que es dar un paso atrás, en realidad hay que verlo como una oportunidad de mejora para romper esa imagen que tiene la sostenibilidad de ser un “gasto más” o un “impuesto” y de suponer más burocracia para las empresas.

 

Si se hace bien esta simplificación, puede ser muy bueno para la sostenibilidad que las em­presas vean el valor que les puede aportar este nuevo paradigma, pues estas 4 normativas tal como están ahora generan confusión, complejidad administrativa y cargas innecesarias en las empresas. Por no hablar del coste directo de gestionar los datos por falta de equipo y formación para ello.

 

¿Qué se puede mejorar?

 

Para que este reglamento Ómnibus no suponga un perjuicio para la Sostenibilidad, en mi humilde opinión, de base, se podrían mejorar muchas cosas:

 

Más incentivos para la sostenibilidad y menos tasas. Esto suele funcionar. Quizás de­ducciones fiscales por sostenibilidad similares a las de innovación. En las finanzas sostenibles, una mayor reducción de los puntos básicos en los créditos, el ahorro actual no compensa, especialmente a las pymes.

 

Más pedagogía explicativa de cada normativa, y sobre todo coherencia.

 

No exigir mucho aquí y poco fuera.

 

Si nos centramos en las normas afectadas, desde mi punto de vista y experiencia profesio­nal (de casi 20 años en sostenibilidad) quiero dar mi opinión constructiva para mejorar tras haber trabajado con cada una de las normas.

 

Imaginémonos que estamos en un bar hablando sobre cómo mejorar lo que los 'políticos' legislan. En esta hipotética charla, mis principales conclusiones serían:

 

La taxonomía no es difícil de aplicar, pero sí de entender. Los DNSH se hacen tediosos y algunas justificaciones son absurdas, especialmente al tener que hacer análisis de riesgos climáticos por actividad. En mi opinión no debería ser obligatoria en empresas donde la ac­tividad no esté contemplada, o en estos casos solo debería valer para realizar el Plan Capex o el Plan de Transición. Lo demás no aporta nada a la sostenibilidad pero sí trabajo y coste absurdo. De hecho el valor de la taxonomía ahora mismo reside en tener claro que “no se es sostenible y que se quiere trabajar para mejorar”. En este sentido es donde tiene sentido que planifiques tus inversiones de mejora (plan de transición) dirigidas a cumplir con la taxonomía. En esta parte siempre suelo decir que nadie invierte para empeorar, la cuestión es si la mejora es la más adecuada y si eso te permite saber el alineamiento a la taxonomía.

 

CSRD. Supone una transformación muy importante en el modelo de reporting aportando cosas muy buenas como es la doble materialidad y la estandarización entre todas las em­presas, pero implica incluir tanta información, en muchos casos poco operativa e intere­sante, que en grandes empresas puede gestionarse pero en las empresas de entre 250 y 500 trabajadores es complicado de gestionar. Y esto sin hablar de la utilidad de estos KPI y datapoint que van en el informe. No sirve de nada hacer un reporting potente si los que lo hacen no saben ni para qué sirve. Esto es fallo de CSRD.

 

En mi opinión esta Directiva debería servir para hacer entender a las empresas que la soste­nibilidad es una forma de gestionar y que los KPI les permiten gestionar información impor­tante para la estrategia de su compañía y para este fin ¿son necesarios tantos datapoint? Con menos de la mitad bien gestionados sería un éxito y más que suficiente para trabajar la sostenibilidad y aportar algo a la competitividad de las empresas, aunque sea sólo median­te el aporte de valor en lo que llamo valor de tasación de la compañía.

 

De esta Directiva me quedo con la Doble Materialidad pues aporta una información impor­tante para los gestores y la estandarización que ayuda al benchmarking y diseñaría un mar­co de indicadores más laxo, en especial para las empresas de entre 250 y 500 trabajadores, centrando el tiro en ese gran objetivo del pacto verde que es la neutralidad climática en 2050. En estos casos sería interesante tener una versión de reporting potente en cuanto a descarbonización o estrategia Net Zero.

 

En el caso de Diligencia debida se deben definir y clarificar los límites para evitar solapa­mientos con CSRD en su parte de cadena de valor. Además, debe tenerse en cuenta que la obtención de la información necesaria es compleja, sobre todo si no eres una entidad tractora con poder para conseguir los datos. Cuanto más grande es la empresa mejor va a funcionar esto. No veo mal que el límite de aplicación se quede en los 5.000 trabajadores, pues indirectamente por cadena de valor afectará al resto en cascada.

 

En cuanto al CBAM no tiene sentido su aplicación a empresas que traen 1, 2, 3,.. contene­dores al año con un coste de 20.000 euros pues recopilar toda la información es más costoso que la importación. Como se dice, “sale más caro el collar que el perro”. En estos casos, debe limitarse la aplicación a los importadores con un nivel de actividad mayor con una capacidad de obtención de la información más fuerte y deberían ampliarse los plazos para obtener los datos necesarios pues en la práctica es muy tedioso. No me imagino un CBAM en 2026 funcionando, pues va a ser muy muy muy complicado verificar los informes, debido a la necesidad de trazar el dato y tener fuentes que soporten el cálculo, esto requie­re más tiempo y simplificación en la información. Sobre todo porque las empresas en países exportadores no tienen nuestro modelo y control de la información para que se facilite la información necesaria. Esto requiere mucha pedagogía fuera de la UE.

 

Puntos fuertes del Competitiveness Compass para la sostenibilidad

 

Cosas buenas que dejan este nuevo reenfoque de la UE hacia la competitividad es que no se quiere renunciar al Pacto Verde Europeo, y se deja claro que la descarbonización es una clave necesaria en la UE para la competitividad y autonomía, haciendo mención al nuevo objetivo intermedio 2040 con una reducción en las emisiones de CO₂ del 90%. En este sen­tido se anuncia el pacto por la industria limpia, o la Ley de Aceleración de la Descarboni­zación Industrial. Es importante que todas las empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas, tengan su propia senda de descarbonización, para evaluar riesgos y contar con el conocimiento de la situación en la que se encuentren.

 

Además, se hace hincapié en la necesidad de evaluar los riesgos climáticos y tomarse esto en serio, anunciando el desarrollo de un plan de adaptación al cambio climático para la UE. Esta es otra de las grandes pedagogías que hacemos en @Omawa para que las empresas sean conscientes de los riesgos y del coste que les puede suponer el cambio climático.

 

Conclusiones

 

En conclusión hay muchas cuestiones que se pue­den evaluar en el marco de estas cuatro normas básicas del Pacto Verde Europeo, la pregunta es ¿será capaz la comisión de hacer un texto que contente a todos? ¿Daremos un paso atrás en la sostenibilidad? ¿Se complicará el objetivo Net Zero? Pues esto aún tene­mos que esperar para saberlo, pero si tengo ocasión de poder poner mi grano de arena a este reglamento, hay cinco cuestiones en las que debemos incidir:

 

1.- Utilidad. Cada datapoint y KPI si no aporta algo de valor, lo mejor es quitarlo. Crear un documento con muchos datos que nadie gestiona no mejora la sos­tenibilidad.

 

2.- Efectividad. Llegar a la neutralidad climática es cosa de todos y si nadie siente la obligación de actuar de­cir que vamos a ser neutros en carbono en 2050 o que vamos a llegar al 90% de reducción en 2040 es Greenwashing.

 

3.- Coherencia. No se puede seguir en un contexto en donde las empresas ni saben lo que emiten, así ¿cómo se va a mejorar?, esa obligación debería re­forzarse.

 

4.- Incentivos. Para que las empresas que lo hacen bien y van más allá del cumplimiento legal tengan benefi­cios de algún tipo.

 

5.- Pedagogía y capacitación. Necesario para entender el cambio en el paradigma y poder aprovechar las oportunidades de la sostenibilidad. Un ejemplo es entender cómo la descarbonización mete un pará­metro más en los retornos económicos o amortiza­ciones que es el precio del CO₂, ya sea por compra o venta.

 

El Reglamento Ómnibus representa una oportunidad para construir una Unión Europea más competitiva y sostenible. Las decisiones que se tomen en este pro­ceso serán cruciales para el futuro de todos

 

Linkedin: Andrés Ferrer Santiago