Carlos Conesa: “La supresión de la ‘golden visa’ es una muy mala noticia”

Carlos Conesa Fontes es murciano orgulloso de su Región, y cómo afirma por lo que se deduce de sus apellidos “por sus venas corre sangre aladroque y barriga verde”, por lo que no entiende ni comprende absurdos ‘nacionalismos catetos y pueblerinos’. Inició su vida profesional en banca, pero ejerce la abogacía desde el año 2000 con despacho abierto en Murcia capital y colaboraciones en la zona de Torrevieja y Orihuela Costa, especializado en Derecho Mercantil, Derecho Civil e Inmobiliario y en la gestión de inversiones extranjeras en España. Apasionado del mar, disfruta siempre que puede de la natación en aguas abiertas. Y en su condición de abogado con amplia experiencia en el sector inmobiliario y en inversiones extranjeras en España hablaremos de la polémica suscitada tras la supresión del reconocimiento de residencia a ciudadanos extracomunitarios que inviertan al menos 500.000 euros en una vivienda en España, la conocida ‘golden visa’.

- El pasado lunes Pedro Sánchez anunciaba que el Consejo de Ministros va a estudiar un informe de la ministra de Vivienda para derogar la figura jurídica de la ‘Golden Visa’ (visado de oro), que es la denominación anglosajona de la ‘Residencia para Inversores’. ¿En qué consiste exactamente?

- Es un tipo de residencia para extranjeros no comunitarios que fue creada bajo el mandato de Mariano Rajoy en el año 2013, como una vía para incentivar la inversión extranjera y potenciar la marca España, siendo aprobada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y se encuentra regulada en la Sección 2ª - Movilidad Internacional, del Título V - Internacionalización de la Economía Española, de esta norma, denominada comúnmente ‘Ley de Emprendedores.’

- Entonces, ¿se trata de la concesión de residencia a cambio de inversión?

- Efectivamente, la premisa fundamental de este tipo de ‘Residencia para Inversores’, es que el extranjero no residente que se proponga entrar en territorio español, como requisito primordial para obtener la residencia, deberá realizar una inversión significativa de capital, y se entiende por ello: (I) dos millones de euros en títulos de deuda pública española; (II) un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas con una actividad real de negocio; (III) un millón de euros en fondos de inversión, o fondos de capital riesgo constituidos en España; (IV) un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas y (V) la adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante.

- Del anuncio del presidente del Gobierno parece que solamente se va a ver afectada esta última, es decir, la relativa a la adquisición de inmuebles.

- Habrá que esperar al acuerdo del Consejo de Ministros y su traslación a una norma para comprobar el alcance que tendrá la derogación y ver si solamente afecta al apartado de adquisición de bienes inmuebles o a todos los supuestos contemplados en la ley, incluido el de ‘Residencia para Emprendedores’ que es aquella prevista para los extranjeros que pretendan desarrollar un proyecto innovador y/o que tenga especial interés económico para España y a tal efecto cuente con un informe favorable emitido por ENISA (Empresa Nacional de Innovación). En los primeros años de vigencia de la norma este informe debía ser emitido por el ICEX.

- ¿Qué valoración le merece la medida que pretende adoptar el Ejecutivo?

- Considero que es otra mala noticia para nuestra economía generada por quienes deberían hacer lo contrario, es decir, incentivar la inversión extranjera en nuestro país transmitiendo a los agentes económicos internacionales que España es un país donde prima la seguridad jurídica. En sus declaraciones, Pedro Sánchez fundamenta la decisión gubernamental en la lucha contra la especulación y en el hecho estadístico de que el 94% de las aproximadamente 10.000 residencias concedidas están vinculadas a inversiones inmobiliarias y con esta medida ‘se garantiza que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo’

Sin embargo, entiendo que esto no es más que otra nueva medida de naturaleza ‘populista’ del Ejecutivo, pues si hacemos un análisis estadístico de la venta de viviendas en España, comprobamos que, por ejemplo, solamente en el ejercicio 2022 se vendieron en España 657.265 viviendas (Fuente INE www.epdata.es) y el acumulado de compraventas en los últimos once años (los que lleva vigente la Ley de Emprendedores) supera los cinco de millones de operaciones inmobiliarias, de manera que el porcentaje de compraventa de inmuebles vinculadas a la Residencia de Inversores apenas tiene impacto en el global de operaciones. Una simple regla de tres nos lleva a comprobar que 9.400 operaciones suponen el 0,18% sobre 5 millones.

Esta razón de fondo ‘populista’ se ve reforzada por el hecho de que el portavoz económico de ‘Sumar’ -que no deja ser un partido comunista-, Carlos Martín Urriza, ha celebrado la noticia en ‘X’ (twitter) presumiendo de que la decisión de derogación se ha adoptado a propuesta de ‘Sumar’, añadiendo además que ‘sería deseable prohibir en España la compra de una vivienda en la que no se va a vivir.’

Todavía no he visto reacción por la patronal CEOE, ni por las asociaciones de promotores y constructores inmobiliarios. La iniciativa del Ejecutivo, la forma de plantearla y, sobre todo, las manifestaciones de sus socios me parecen muy graves.

La historia nos recuerda que es una constante en la izquierda pretender dirigir y manejar la vida y la libertad

- ¿No cree que exagera?

- En absoluto. Nos encontramos ante un nuevo ataque contra la libertad perpetrado, o en trámite de consumación, por el Gobierno y por sus socios de extrema izquierda. El ataque a las libertades se está produciendo desde todos los ángulos y vertientes posibles: contra la libertad de prensa (mediante el señalamiento de periodistas), contra la separación de poderes (mediante el ‘Lawfare’, y el acoso a jueces y fiscales), mediante la colonización de las Instituciones (Tribunal de Cuentas, Fiscalía General del Estado -¿de quién depende la Fiscalía, recuerda?-, Tribunal Constitucional...), contra la propiedad privada (regulación de los alquileres), contra la vida, contra la libertad de enseñanza, etc., la historia nos recuerda que es una constante en la izquierda a lo largo de los tiempos pretender dirigir y manejar la vida y la libertad de los ciudadanos y eso se consigue, desde el punto de vista social, mediante la promulgación e implantación del pensamiento único y, desde el punto de vista económico, empobreciendo a la sociedad y cultivando la cultura del subsidio, y medidas como la que pretende adoptar el Gobierno nos llevan un poco más a ese empobrecimiento.

Y es que, tal como he podido comprobar en mi experiencia profesional, la 'golden visa' inmobiliaria ha sido utilizada por muchos nacionales o residentes en países donde las libertades se encuentran cercenadas para buscar una vía de escape o asegurarse un ‘Plan B’ en el supuesto de que la situación se ponga complicada en su país de origen o residencia. Por ejemplo, véase países como Rusia, China, Venezuela, Arabia Saudí...

¿De verdad nos quieren hacer creer que impidiendo que un inversor extranjero adquiera una vivienda de dos o tres millones de euros en el barrio de Salamanca en Madrid o en barrio de Pedralbes en Barcelona, van a alcanzar el cumplimiento pleno del derecho constitucional a la vivienda? Ridículo. Esto se consigue de otras maneras.

- ¿Cuáles serían esas ‘otras maneras’?

- Aunque no soy promotor, ni constructor, creo poder asegurar que el sentir de todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo viene determinado por la necesidad de potenciar los pactos regionales de vivienda en los que intervengan comunidades autónomas, ayuntamientos y los profesionales del sector, aumentar el suelo edificable, flexibilizar y agilizar los trámites urbanísticos -hoy en día es terrible tramitar un expediente en Urbanismo, a este respecto recomiendo la fina ironía del artículo de Ernest Berkhout ‘Por Registro’ publicado en este diario el 4 de marzo-, instrumentar una política de vivienda pública realista -es curioso, ¿dónde están las más de 200.000 viviendas prometidas por el sr. Sánchez en la última campaña electoral?, ya nadie se acuerda-, regular programas de ayudas a la adquisición, tanto de jóvenes, como de personas con escasez de recursos, implementar rebajas y beneficios fiscales a la adquisición de vivienda, etc.

- Volviendo a la 'golden visa', según usted ¿qué medidas alternativas se podrían haber adoptado por el Ejecutivo?

- Como toda norma, desde su publicación, la Ley de Emprendedores ha tenido sus luces y sus sombras. Es cierto que en relación a ‘movilidad internacional’ es una ley muy bien intencionada, pero, por ejemplo, once años después de su entrada en vigor todavía no se ha elaborado su Reglamento de desarrollo, lo cual hubiera ayudado en su aplicación y evitado muchos recursos en vía administrativa y posteriores procedimientos judiciales contencioso - administrativos en su interpretación.

Otra medida que hubiera podido ayudar sería la unificación de trámites y decisión en un solo ministerio, pues actualmente resulta necesario realizar trámites ante tres ministerios diferentes: Interior; Industria, Comercio y Turismo; y Seguridad Social, de hecho, la concesión de la Residencia corresponde a la Dirección General de Migraciones y su tramitación se efectúa ante la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, que dependen del último citado.

Otras cuestiones que sería recomendable modificar o abordar en la norma son algunas de las expuestas en sus informes por el portal de Transparencia Internacional España, que se integra en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, y que, entre otras, son las relativas a la verificación rigurosa de los fondos utilizados para el pago del precio (sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Blanqueo de Capitales); la mejora de un procedimiento de diligencia debida en el estudio del candidato -revisión continuada de antecedentes penales- y seguimiento del cumplimiento de los requisitos exigidos mediante realización de inspecciones y controles posteriores a los permisos concedidos, junto con auditorías para los supuestos de Residencia de Emprendedores; la dotación de la adecuada formación para funcionarios involucrados en el proceso de concesión, junto con la facilitación de los necesarios medios materiales; o una mayor transparencia y publicidad en la información estadística derivada de las concesiones y del impacto en la economía y el mercado nacional.