Tras los números siempre están las personas

Como magníficamente refleja en una de sus viñetas Andrés Rábago García, 'el Roto', las cuales suelen analizar la realidad social mejor que las propias palabras, la economía, en algunas ocasiones se puede olvidar de las personas: “tras los números están las personas, pues que se aparten”. Pero las personas no nos podemos apartar, formamos parte esencial del territorio, de las empresas, de las organizaciones sociales y de las instituciones públicas. Es imposible crecer exclusivamente en términos económicos si dejamos atrás a las personas, si mantenemos los actuales niveles de desigualdad, de pobreza y exclusión social que afectan a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pero que tienen un impacto en el conjunto de la sociedad.

Es necesario repensar de forma colectiva los modelos económicos basados en el mero crecimiento y sustituirlos por un nuevo modelo de economía que apueste por el desarrollo sostenible, integrador e inclusivo, en donde las empresas, las organizaciones y las instituciones se vinculen con el territorio y con las personas, mediante acciones que actúen frente a las desigualdades, frente a la pobreza y la exclusión social, siendo conscientes que su abordaje se convierte en una inversión colectiva, no en un gasto.

El crecimiento se mide en cifras, balances, cuentas de resultados empresariales, datos económicos, número de empresas creadas. El crecimiento medido de forma exclusiva en términos económicos no es sostenible, ni inteligente, ni integrador, por el contrario es coyuntural. Mientras que el desarrollo, integra personas, recursos endógenos, capacidades, relaciones, iniciativas económicas, sociales, culturales, medio ambientales, opiniones, diversidad, innovación, responsabilidad social... Un nuevo modelo de economía basado en el desarrollo territorial inclusivo se debe centrar en generar y distribuir la riqueza, siendo un modelo sostenible, inteligente e integrador.

Las situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión social no pueden ser vistas como una realidad que les afecta solo a las personas que las sufren. Debemos ser conscientes que nos afectan colectivamente, convirtiendo el objetivo de su abordaje y reducción en una responsabilidad social compartida, en una inversión para el conjunto de la sociedad, para todos los actores sociales presentes en el territorio: instituciones públicas, tejido empresarial, organizaciones sociales y ciudadanía en su conjunto. Las personas no son excluidas, pasan por una situación de exclusión de la cual se puede salir.

No obviemos que la pobreza, la exclusión social, el desempleo, la desigualdad y otras injusticias presentes en nuestra sociedad, también tienen su origen en las políticas económicas, fiscales, urbanísticas, culturales, educativas y sanitarias. Si queremos incidir en su transformación, también debemos incidir en la definición, planificación y desarrollo de estas políticas, no solo son abordables desde los servicios sociales.

Es curioso que cuando hablamos de crecimiento macroeconómico lo vinculamos siempre con la política económica, no con la social; mientras que cuando hablamos de pobreza, exclusión social y desigualdad, lo relacionamos de forma exclusiva con los servicios sociales, no con la política económica. Con una tendencia a considerar que los servicios sociales actúan de forma asistencial solo con la población más vulnerable de nuestra sociedad y no como políticas que deben incidir sobre las desigualdades en beneficio colectivo.

Es necesario visualizar la diferencia entre un balance positivo basado solo en el crecimiento económico y otro que se fundamente en un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Este último incorpora los principios y valores de la responsabilidad social empresarial, tanto a nivel interno, como externo y permite avanzar hacia una nueva conceptualización de territorios socialmente responsables, como aquellos donde las personas, las instituciones, las organizaciones y las empresas, apuestan por un desarrollo integrador, sostenible e inteligente. Este modelo debe incorporar de forma equilibrada y voluntaria los  diferentes retos y objetivos que se presentan a nivel  social, económico, cultural, y medio ambiental; debe propiciar, desde el gobierno local, la participación e implicación de la ciudadanía, la  colaboración y la relación entre los diferentes agentes presentes en el territorio, apostando por la ciudadanía, la igualdad, la diversidad, la gobernanza, la cohesión social, la pertenencia y la convivencia como objetivos.

La responsabilidad social territorial supone otra forma de gobierno, un gobierno que desarrolle su rol de agente favorecedor de las relaciones entre todos los actores sociales y económicos del territorio, superando e integrando sus clásicos roles normativos y de prestador de servicios. Supone una nueva cultura territorial, un nuevo modelo empresarial, de organizaciones sociales, de ciudad y, por consiguiente, de gobernanza territorial, a la vez que de gobernanza global.

Hablamos de un nuevo modelo en donde las organizaciones sociales que integran el tercer sector de acción social que sitúan a las personas en el centro de sus actuaciones y servicios, sean capaces de sumar a sus  acreditados niveles de  responsabilidad social externa,  la interna, con políticas de igualdad, conciliación, diversidad, formación continua de sus trabajadores, voluntariado, transparencia y buen gobierno, aplicando coherencia entre el nivel externo y el interno, pues la responsabilidad social no la tienen integrada en el ADN, es necesario acreditarla con políticas concretas.

Si queremos avanzar en estos nuevos modelos de economía inclusiva, sostenible y socialmente responsable, es necesario profundizar en otras fórmulas de relación y coordinación entre las estructuras del primer sector (Administración Pública), segundo sector (empresas y organizaciones empresariales) y el tercer sector, representado por las organizaciones de acción social sin ánimo de lucro, generando experiencias económicas integradoras con interés social, denominadas de cuarto sector. Ello implica el desarrollo del trabajo en red, entendido como otra forma de fomentar las alianzas de actores diversos, trabajando juntos, desde la responsabilidad social compartida a nivel territorial. Es necesario que apostemos por alianzas público privadas y ecosistemas colaborativos multiactor, creando espacios de relación improbables que sean capaces de generar soluciones impensables para los retos que tenemos como sociedad, en donde las personas ocupen el centro de la acción política, social y económica.

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