La Oficina Registral Digital pretendía acabar con el papel y los envíos por fax
Tras más de un década de intentos legales para la digitalización de los Registros de la Propiedad (leyes 24/2001 y 24/2005), el pasado 9 de mayo entró en vigor la ‘Oficina Registral Digital’, extremo que ha sido ampliamente publicitado por los dirigentes del colectivo registral y responsables del ministerio de Justicia; y, pese al año concedido por la última norma (ley 11/2023) para preparar los recursos técnicos que la hicieran posible; los usuarios de los servicios registrales, en particular los notarios, han constatado el fracaso de su efectiva puesta en marcha. Califican su funcionamiento de auténtico ‘caos’.
Esta inoperancia actual, que los perjudicados confían en que no se prolongue en el tiempo, está ocasionando considerables problemas en una pieza tan importante en la contratación y financiación inmobiliaria, como es el registro. Si los notarios no pueden consultar on line (pese a preverlo la ley) las cargas y derechos sobre la vivienda, local, solar o finca cuya compraventa o hipoteca van a formalizar, difícilmente pueden dar fe y seguridad a los ciudadanos que acuden a su despacho, denuncian estos profesionales.
Los notarios son conscientes de que todo cambio tecnológico requiere de una adecuada planificación, diseño, implementación, pruebas piloto y entrada en producción, para asegurar que llegado el día y la hora, el sistema opere con razonable eficiencia. Así lo hicieron instituciones registrales y de bases de datos, cómo el Catastro Inmobiliario o, en parte, el Registro Civil, “en la inevitable y ya tardía transición de los soportes analógicos y en papel a los digitales a través de seguras y eficientes sedes electrónicas”, según afirman las fuentes consultadas por este periódico.
“No parece de recibo el fallo sistemático de un servicio digital, cuando se ha dotado a sus protagonistas (organización del Colegio Oficial de Registradores) de un plazo legal de todo un año, para hacer realidad los derechos de los ciudadanos y operadores jurídicos o económicos diseñados por la normativa de la Unión Europea”, afirman.
