Rebaño de cabras en una explotación de ganadería extensiva
Desde 2006, España ha perdido 21.946 explotaciones de vaca nodriza y 6.132 explotaciones de ovino de carne. Sin embargo, en vacuno en extensivo la media de animales por explotación ha aumentado un 32%. El futuro de la ganadería extensiva en manos de ganaderías familiares está en riesgo.
Durante el Foro de diálogo de la Ganadería Extensiva, convocado por el ministerio de Agricultura para los dos próximos días en Toledo, la organización profesional Coag reclamará que se aborde la situación de falta de precios e ingresos, la sanidad animal, los mataderos y la comercialización, así como el relevo generacional y la incidencia del lobo y los animales salvajes.
Además, Coag rechazará la imposición del veterinario de explotación y del plan sanitario integral. “Es una medida que excede la normativa europea, que generaría más costes y burocracia para el ganadero sin aportar mejoras al cuidado, sanidad y bienestar de los animales”, subraya Ángeles Santos, responsable de Ganadería Extensiva de la Ejecutiva de Coag.
Cada año, 1.550 ganaderos en régimen extensivo se ven obligados a echar el cierre. “Desde Coag vamos a reivindicar un modelo que incentive una “ganadería con ganaderos” para no dejar en manos de grandes empresas, macroexplotaciones y fondos de inversión el futuro de nuestra ganadería extensiva”.
Los ganaderos insisten en que la excesiva normativa pone en peligro la rentabilidad de estas explotaciones, y rechazan la significativa reducción de ayudas procedentes de la Política Agraria Común (PAC).
Rechazan la imposición del Veterinario de explotación y al Plan Integral Sanitario, por lo que reclaman como alternativa las ayudas a las asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS).
Entienden que debe facilitarse la venta de producto desde las ganaderías en régimen extensivo, y no sólo la venta de animales vivos, además de recuperar la red de mataderos públicos municipales y poner en marcha una red pública de mataderos móviles, pues los profesionales del sector se ven obligados a vender productos de alta calidad a precios que no cubren los costes de producción.
También reclaman que las comunidades autónomas y el Estado, a través de sus competencias y de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), hagan cumplir la ley de cadena alimentaria.
Exigen, asimismo, la suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y denuncian los acuerdos de libre comercio que favorecen la entrada en el mercado de productos de origen animal.
Reclaman, al mismo tiempo, políticas públicas que favorezcan el relevo generacional.
