Corral para la cría de lechones
Las organizaciones agrarias Asaja y Coag han solicitado al ministerio de Agricultura una prórroga de tres años adicionales, (hasta el 9 de enero de 2028), para la entrada en vigor del Real Decreto que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino españolas. Consideran que la prórroga permitiría una adaptación gradual y ordenada que evitaría perder entre cuatro millones y ocho millones de cerdos cebados al año o, lo que es lo mismo, que adaptar las explotaciones a las nuevas exigencias de espacio para los animales reduciría las plazas por corral entre el 7 y el 16% de la producción.
De la misma forma, Asaja y Coag consideran que aplazar la aplicación del Real Decreto daría la posibilidad de adaptar la normativa española a los cambios que aún pueden producirse en las normas europeas; además de facilitar un plan coordinado entre el Ministerio, las comunidades autónomas y los profesionales para adaptar las explotaciones.
En la Región de Murcia hay1.400 explotaciones con 1,8 millones de cabezas.
El sector considera que ajustar las granjas a la reducción de densidades por metro cuadrado por cada animal requeriría un sobrecoste superior a los 300.000 euros, y que superaría el medio millón si el ganadero opta por ampliar sus instalaciones para mantener el mismo nivel de producción.
1.400 explotaciones en la Región
En la Región de Murcia hay más de 1.400 explotaciones de ganado porcino con 1,8 millones de cabezas.
En este sentido, las organizaciones de ganaderos también reclaman al Ministerio ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. Estas ayudas servirían para apoyar a los productores en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal.
Además, los profesionales se enfrentan a dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas. Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal.