De izquierda a derecha: Pere Aragonès, actual presidente en funciones de la Generalitad, y Salvador Illa, candidato del PSC
Las negociaciones para investir como ‘president’ de la Generalitat de Cataluña al candidato del PSC y ganador de las elecciones, Salvador Illa, han desembocado en un acuerdo que supondrá un cambio en la fiscalidad que se sentirá en toda España.
El pacto con ERC se trata de otorgar un régimen especial para la fiscalidad en Cataluña, es decir, un concierto económico que hará que dicha comunidad recaude todos los impuestos que se paguen en su territorio.
Esta medida, que requerirá de la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, comienza por el IRPF de 2025 (durante la campaña en 2026) y también supondrá la liquidación del IVA, el impuesto de sociedades, etc. por parte de la comunidad autónoma de Cataluña.
También se ha acordado que, mientras tanto, se cree un consorcio para gestionar las inversiones del Estado en Cataluña hasta que la comunidad tenga efectivo el concierto.
Cataluña representa el 19,01% del PIB español y se espera ahora que todos los impuestos que interceden en esa producción sean gestionados por la misma autonomía, de modo que no se podría resdistribuir dicha riqueza al resto de España.
Este acuerdo se suma a otros en materia de gestión de los aeropuertos y puertos, la transferencia de 150 millones de euros a los Mossos d’Esquadra, y la eventual condonación de 15.000 millones de la deuda catalana con el Estado.
El acuerdo fiscal ha levantado serias críticas en las filas de la oposición y en las del propio PSOE, en el que García-Page, presidente de Castilla La Mancha, ha declarado sentirse perplejo “por el atronador silencio del partido socialista” sobre este evento.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras ha sido muy contundente y calificado este acuerdo como una “tropelía y una barbaridad”.
