De modo muy resumido, la historia es la siguiente: cuando la sociedad Aeromur, liderada por la constructora Sacyr, comenzó a retrasar la construcción del aeropuerto de Corvera, la Comunidad Autónoma le retiró la concesión de esta infraestructura que se consideró imprescindible para fortalecer el turismo en la Región y dar servicio a las decenas de miles de habitantes que iban a ocupar las inmensas ‘ciudades’ (resort) turísticas que se estaban construyendo siguiendo la ola del boom inmobiliario.
Sacyr, entonces presidida por el murciano Luis Fernando del Rivero, no estaba sola. La constructora era la titular de prácticamente el 74% del capital. El resto lo completaban empresas como Cementos La Cruz, Montoro e Hijos, Grupo Fuertes e Inversiones Grupo 3, las cajas de ahorro CajaMurcia y CAM, a través de sus fundaciones, además de una mínima parte en manos de la Administración regional y que controlaba el Instituto de Fomento.
Pero la entrega de la obra se retrasaba y tras infinidad de disputas y reproches mutuos, la Comunidad decidió romper el contrato. El asunto, que llegó a los tribunales, no está definitivamente resuelto y es la consejería de Hacienda la que está pagando un crédito superior a los 180 millones de euros que había avalado.
Al mismo tiempo, la Comunidad reclamaba otros 180 millones por los “daños y perjuicios” que le habían ocasionado a las arcas públicas la no entrega de la obra. De estos 180 millones, 144 nunca serán cobrados, pues es la cantidad en que cuantificó el valor de las infraestructuras ya levantadas. Por tanto, aún estaban pendientes los algo más de 36 millones restantes.
La administración regional lo llevó a los tribunales y ahora el Tribunal Superior de Justicia da la razón a Sacyr, que se oponía al pago. La razón es, según se refleja en la memoria, que la reclamación se había presentado fuera de plazo.
La situación del llamado Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, ahora en manos del gestor semipúblico Aena, aún no ha llegado a su fin, pues contra la sentencia del TSJ cabe recurso ante el Tribunal Supremo que es en lo que ahora, afirman, están trabajando desde la Comunidad Autónoma.
