Jordi Hereu es el actual ministro de Industria y Turismo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha pronunciado hoy sobre el anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica que ha elaborado el ministerio de Industria. Este era un compromiso del Gobierno español para poder acceder a los fondos comunitarios dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation).
Recuerda Competencia que esta norma, alineada con las directrices de la UE, debe establecer los principales instrumentos para aumentar la autonomía estratégica de España, impulsar la industria, mejorar su competitividad internacional y alcanzar la neutralidad climática antes de 2050; y también señala que si bien este organismo ya se pronunció el pasado año sobre el primer borrador del anteproyecto de ley, aún hay aspectos que no se han incluido en el último, como son los límites a las redes de cooperación empresarial, en especial en el intercambio de información.
Se insiste en que la competencia en la industria “es un catalizador clave para la innovación y para mejorar la competitividad, productividad y empleo en el sector industrial”.
También menciona que aunque el proyecto alude a la simplificación administrativa, algunos cambios propuestos (como el reforzamiento de la autonomía estratégica o la imposición de nuevas certificaciones) pueden ir en sentido contrario; y en este sentido, Competencia subraya que, además de las ayudas públicas, es fundamental eliminar barreras innecesarias a la competencia para fomentar un entorno industrial dinámico y eficiente.
Entre las sugerencias que aporta este organismo regulador figura su inclusión en el futuro Consejo Estatal de Política Industrial, al menos con voz.
Asimismo, se le pide al Ministerio que justifique el umbral elegido de ser beneficiario de ayudas de más de 6 millones de euros para imponer ciertas obligaciones, y asegurar su alineamiento con las Directrices de ayudas regionales de la UE.
Recomienda también una protección de la industria intensiva en energía, al tiempo que reclama que las certificaciones de empresa industrial excelente y estratégica deben ser voluntarias y permitir otras formas de acreditación.
Del mismo modo se pide que sean las administraciones públicas, a través de sus presupuestos, las que financien las asistencias técnicas para valorar alternativas a las empresas que comuniquen cierres o reducción de actividad.