Vladimir Putin, presidente de Rusia
Tres meses antes de que acabara en diciembre de 2024 la prórroga de un año del veto ruso a los productos frescos occidentales, el presidente Vladimir Putin ha decidido ampliar este veto otros dos años más, hasta final de 2026. Para la producción hortofrutícola española supone dejar de vender 230.000 toneladas al año.
El embargo de estos productos occidentales se decretó en agosto de 2014 como respuesta a las sanciones que los grandes bloques como la Unión Europea y Estados Unidos, principalmente, impusieron a Rusia por la anexión de Crimea. Otras economías también ‘vetadas’ fueron Australia, Noruega y Canadá; y posteriormente se extendió países como Albania, Montenegro, Islandia, Ucrana, e incluso uno de reducidas dimensiones como Liechenstein.
El primer veto se limitó a productos cárnicos, lácteos, pescado, verduras y frutas, y luego se fue ampliando a cerdos vivos y diversos subproductos y grasas animales procedentes de los países vetados y que dejaron de llegar a un país de más de 140 millones de habitantes.
La respuesta a las sanciones por la anexión de Crimea fue la excusa que dio Putin para firmar la orden. Sin embargo, tiempo después reconoció que la verdadera razón es que los productos occidentales ponían en riesgo la producción propia, menos eficiente y más cara para los ya de por sí menguados bolsillos de los rusos.
Esta semana, Vladimir Putin ha vuelto a tirar de eufemismos para prorrogar lo que denomina “medidas económicas especiales” decretadas en agosto de 2014 “con el objetivo de garantizar la seguridad de la Federación Rusa”.
Antes del veto, Rusia era el primer mercado extracomunitario para los productores españoles de frutas y hortalizas, que el año antes del polémico decreto, había vendido a la Federación Rusa 230.729 toneladas de productos frescos.
