
Son muchas las quejas de los ciudadanos respecto a las malas formas y la poca educación que se observa en el Congreso de los Diputados, o sobre el poco respecto que hay entre rivales políticos, pero ¿es honesta esta crítica? ¿Los ciudadanos son distintos a la clase política? ¿Qué opinan realmente los ciudadanos cuando se les pregunta por el rival político?
La sociedad española en general (no solamente la clase política), está cada vez está más dividida y fracturada, y así lo muestran los datos que se publican hoy de la IV Encuesta Nacional de Polarización Política del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), que entrevistó entre el 27 de mayo y el 6 de junio a 1.239 españoles.
Cuando el Cemop pregunta a los encuestados sus sentimientos hacia los votantes de los distintos partidos para estudiar la conocida polarización afectiva, los resultados son muy claros: la mitad de los entrevistados siente antipatía y rechazo hacia Vox, la que es sin duda la formación política más ‘rechazada por los españoles según la serie histórica del Cemop.
Además, estos datos muestran una fuerte brecha de género, las mujeres rechazan a los votantes de Vox hasta 6,5 puntos más que los hombres, algo que no ocurre o al menos con tanta intensidad respecto al resto de electores.
No obstante, lo que ha aumentado en los últimos años es la antipatía hacia el PSOE como formación: el rechazo hacia el principal partido del Gobierno ha crecido hasta diez puntos porcentuales en un solo año y la tendencia respecto a Sumar es similar. El rechazo hacia Vox y PP, no ha crecido en los últimos años, aunque el que recibe Vox se mantiene muy alto.
Se puede comprobar, por tanto, que ese enfrentamiento en el Congreso comentado anteriormente también se vive en la sociedad, incluso respecto a la aprobación de leyes. La Ley de amnistía, por ejemplo, es un gran núcleo de polarización: el 56% de los entrevistados manifiestamente la desaprueba, frente a un 29% que explícitamente la apoya. Apenas el 16% se mantiene neutral.
Lo mismo ocurre con leyes como la conocida Ley Trans: el 45,1% de la población apoya sin fisuras esta norma, siendo además las mujeres quienes muestran un mayor respaldo. Atendiendo al voto de los entrevistados, los votantes de Vox son los que más la rechazan.
Son alarmantes también los datos sobre actitudes democráticas y creencias en el sistema de separación de poderes. Cuando se pregunta a los ciudadanos si creen que “el poder judicial no debería contradecir la voluntad del parlamento, anulando una norma aprobada por mayoría”, los votantes del PSOE y especialmente los de Sumar son los que se muestran más de acuerdo con esta idea, mientras que es apenas respaldada por los votantes del PP y Vox.
Esto quiere decir, en otras palabras, que la ideología de los ciudadanos media directamente en su concepción sobre la separación de poderes. La predisposición de los votantes de PSOE y Sumar a limitar la capacidad del poder judicial para anular normas aprobadas por el parlamento supone un cuestionamiento de uno de los principios básicos de la democracia liberal.
Tanto es así que, según este estudio, los encuestados son partidarios mayoritariamente de que los líderes políticos puedan adoptar medidas que transgredan los procedimientos democráticos si el país se encuentra en un claro peligro.




