Hay realidades sociales y personas que permanecen ocultas tras los números

La Unión Europea, el Estado español y la Región de Murcia se sitúan ante el reto de afrontar y dar respuestas concretas a las repercusiones que la globalización, los modelos económicos imperantes y el creciente individualismo están teniendo para la ciudadanía. Es necesario abordar con estrategias y políticas sociales sostenibles retos que no son individuales, sino colectivos, como el envejecimiento de la población, los cambios demográficos, las migraciones, las consecuencias para el empleo de las transformaciones tecnológicas, el desempleo, el cambio climático, la exclusión residencial, la precariedad laboral, la discriminación, el racismo, la xenofobia, las desigualdades sociales generadas por la pobreza y la exclusión social que bloquean el desarrollo regional. Realidades que a veces invisibilizamos tras la aparente normalidad, pero que tienen un impacto directo en las personas, en los territorios y en los modelos de desarrollo.

De acuerdo con el informe anual de seguimiento en España de la tasa AROPE, que de forma armonizada en Europa mide el riesgo de pobreza y exclusión social de la población, la Región de Murcia mantiene en 2023 un 30,5% de población en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, por encima de la media nacional que se sitúa en el 26,5%, siendo una de las comunidades autónomas con mayor tasa, solo por debajo de Andalucía, Extremadura, Ceuta o Melilla. La renta media de ingresos por persona se sitúa en los 11.314 euros anuales, un 8,5% se encuentra en situación de pobreza severa, estando por debajo de la media nacional. Un 14,5% de la población de la Región de Murcia presentaba dificultades para afrontar el pago de la vivienda y un 46,3% tenía dificultades para afrontar pagos imprevistos en su economía doméstica.

Aunque el empleo crece en España y en la Región de Murcia, habiéndose reducido la tasa de desempleo de manera significativa tras la crisis sociosanitaria de la covid hasta alcanzar el 11,76% a nivel estatal y el 11,32% en la Región de Murcia (cuarto trimestre 2023), la calidad del empleo es insuficiente. Nos encontramos ahora con personas empleadas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, personas que están en riesgo de exclusión social.

Un 30,5% de población regional está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social

Las situaciones de pobreza y exclusión social nos afectan colectivamente, convirtiéndose su erradicación en una inversión para el conjunto de la sociedad. Las políticas sociales regionales deben apostar por un modelo de desarrollo territorial inclusivo, favoreciendo la cohesión social, la convivencia y el sentido de pertenencia al territorio, valores que cotizan en términos de inversión regional.

No obviemos que la pobreza, la exclusión social, el desempleo y otros retos de nuestra sociedad, también tienen su origen en las políticas económicas, fiscales, urbanísticas, culturales, educativas y sanitarias. Si queremos incidir positivamente en su transformación, debemos modificar e incidir en la definición, planificación y desarrollo de estas políticas.

No podemos permanecer impasibles viendo cómo nuestro sistema regional de Servicios Sociales ocupa el último puesto de la calificación de las 17comunidades autónomas, de acuerdo con el índice de desarrollo de los servicios sociales de 2023, anualidad en la que retrocedemos en las tres dimensiones que mide el índice, con un deterioro sistemático de su relevancia económica y una acusada falta de ordenación del Sistema de Servicios Sociales.

Nuestra realidad social, requiere de innovación, de nuevas estrategias y más planificación en la intervención social, en la planificación territorial y en las políticas que inciden en las realidades de la exclusión social; abandonando los estereotipos existentes entre los diversos actores implicados en su planificación e implementación, siendo capaces de articular fuertes alianzas entre diversos actores, sumando visiones y miradas diferentes, negociando, acordando, dando participación a la ciudadanía.

Para que las políticas sociales sean una verdadera inversión territorial, tenemos que avanzar en su dimensión comunitaria, definiendo nuevos patrones de intervención que nos permitan avanzar juntas y juntos hacia modelos de base territorial y no sectorial, situando el territorio local en la centralidad de la intervención y a la administración local como responsable de la coordinación territorial de los actores diversos y del impulso de las relaciones entre los mismos.

Serán un gasto si damos respuestas exclusivas a las demandas sectoriales, parcelando las intervenciones y evitando la relación entre colectivos diversos, pues de esta forma actuamos sobre las consecuencias de la pobreza y la exclusión social, sin llegar a definir cuáles son sus causas estructurales e incidiendo sobre ellas. Si continuamos interviniendo exclusivamente sobre las demandas individuales, sin detectar y analizar las necesidades territoriales y comunitarias, abordándolas, seguiremos sectorializando las intervenciones, practicando un asistencialismo que no construye ciudadanía, no genera autonomía, no impulsa la participación, y no entiende la política social como una inversión.

Ante la complejidad actual de los diferentes retos sociales a los que nos enfrentamos, ningún actor en solitario podrá incidir sobre sus causas multifactoriales. Para transformarlos necesitaremos de la colaboración público/ privada, trabajando juntas/os desde los principios de la gobernanza democrática, la corresponsabilidad, la construcción de nuevos modelos de relación y el impulso a nuevos y reforzados marcos de colaboración de la Administración pública, las entidades del tercer sector de acción social y las empresas.

Recordemos siempre que tras los números están las personas y éstas no pueden seguir esperando, centrémonos en el diseño e implementación de una estrategia regional multinivel que aborde la lucha contra la pobreza y la exclusión social con medidas y resultados a cuatro y ocho años, evaluando el compromiso de destinar el 20% de los fondos estructurales a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el anterior periodo de gestión de fondos estructurales, para garantizar la aplicación de un mínimo del 25% en el actual periodo de planificación. Abordar la pobreza y la exclusión social es un compromiso de todos/as, nos afecta a todos/as y es una de las mejores inversiones que podemos realizar.