Cerca de cinco mil hectáreas de viñedo en la Región y más de 90.000 en todo el país se juegan su futuro y sus propietarios, obligados a arrancar las cepas, no percibirían ninguna compensación. Estos cálculos de hectáreas corresponden al 10% de la superficie total destinada al viñedo tanto en Murcia como en España.
El descenso mundial del consumo de vino no se ha visto compensado con las malas cosechas de los últimos años debido a la sequía. Para mantener la rentabilidad de estos cultivos, los viticultores han reclamado ayudas para eliminar viñedos y mantener los precios, lo que garantizaría unos ingresos a los productores.
La demanda de ayudas ha sido conjunta por parte de las tres organizaciones agrarias representativas en el sector. Coag, Asaja y UPA remitieron un escrito el pasado septiembre al ministro Luis Planas planteando propuestas para abordar la crisis del mercado y garantizar la supervivencia de las explotaciones. “No ha habido respuesta y nos encontramos declaraciones a la prensa sin diálogo previo para marcar la postura española en Bruselas en un momento clave de la negociación con la UE”, se lamentaba este lunes Joaquín Vizcaino, responsable del sector en Coag.
Las medidas propuestas por los agricultores iban dirigidas a limitar la producción para evitar la sobreoferta y adecuar la producción a la demanda. “Planas ha dinamitado la negociación antes de iniciarla en un momento en el que se está negociando con la Comisión Europea un paquete de medidas específico”.
La negativa de Planas en España, recuerdan los sindicatos agrarios, contrasta con la decisión adoptada en Francia, país en el que ya se ha iniciado un programa para arrancar 30.000 hectáreas, que suponen el 5% de la superficie dedicada al cultivo de uva para vinificación. Ante el planteamiento francés, la Comisión Europea ha autorizado al Gobierno galo a destinar 120 millones de euros a compensaciones, abonando en concepto de ayuda 4.000 euros por hectárea arrancada.
En España, al igual que en Francia, el arranque de cepas no sería generalizada, sino que se trataría de una medida ‘quirúrgica’ en determinadas zonas y diversas variedades con peor acceso al mercado. Y entre las medidas planteadas también estarían la posibilidad de retomar los viñedos si cambiara la situación de caída del consumo o una compensación económica permanente para el productor que renunciara al cultivo y que sería equivalente a un porcentaje del rendimiento que hubiese obtenido en producción.
De no facilitarse la reducción del vino en el mercado, las organizaciones agrarias temen que serán los agricultores quienes por decisión propia abandonarán los cultivos, lo que contribuirá a aumentar la desertificación de los terrenos y empeorará la vida en el entorno rural provocando una nueva despoblación.
