Los representantes de las cinco organizaciones firmantes, en la puerta de la Asamblea Regional
Las organizaciones agrarias de la Región de Murcia Asaja, Coag y UPA, así como la federación de cooperativas FECOAM y la asociación de productores-exportadores Proexport, han presentado hoy en el registro de la Asamblea Regional de Murcia su propuesta de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.
La propuesta ha sido dirigida a la comisión de Asuntos Generales, en la que ya han comparecido todas las asociaciones, pues en su seno se debate desde hace meses la posible modificación de la citada ley. También han dirigido el documento a todos los grupos políticos de la Asamblea, a los que expresamente solicitan su apoyo para que estas modificaciones se apliquen en un plazo breve plazo.
Los máximos representantes de cada organización han comunicado en rueda de prensa celebrada a las puertas de la Asamblea Regional que el sector lleva demasiado tiempo reclamando que ciertos artículos de la actual ley se adapten y actualicen a los requerimientos contemplados en normativas posteriores, como a los nuevos conocimientos, los avances científico-técnicos y la profunda experiencia agronómica que se han adquirido desde su entrada en vigor años atrás.
El documento presentado por el sector agrario en la Asamblea Regional es escrupuloso en respetar la recuperación y protección integral del Mar Menor, defienden las organizaciones agrarias, “un compromiso medioambiental compartido por agricultores y productores del Campo de Cartagena y la generalidad del sector en la Región de Murcia”.
Las modificaciones pretenden, según las asociaciones, es aportar seguridad jurídica y mayor rigor técnico al articulado de la norma, con el interés de favorecer e impulsar que agricultores y productores puedan implantar de verdad en sus explotaciones todas las exigentes medidas que establece la ley.
Las organizaciones firmantes señalan que el texto conjunto es fruto de la colaboración y del trabajo exhaustivo de profesionales y técnicos (agrónomos, químicos, biólogos,…) ligados profesionalmente a una de las agriculturas más tecnificadas del mundo, así como de científicos independientes con los que comparten un fuerte compromiso con la protección del Mar Menor.
Se trata de una propuesta de modificación muy limitada, en la que plantean la adaptación de alguno de ellos y proponiendo el traslado de parte de estos últimos al Plan de Actuación de Zonas Vulnerables por Nitratos, que se encuentra en proceso de actualización en la consejería de Agricultura. Están convencidos de que esta medida beneficiaría directamente a la protección del Mar Menor al permitir una rápida incorporación en dicho Plan de los avances científico-técnicos que con tanto dinamismo llegan continuamente al sector, en un proceso de mejora continua en la protección integral de la laguna adaptada a la realidad de la producción.
Algunas de las modificaciones propuestas
La ley exige la implantación en las explotaciones agrícolas de sensores de medición de nitrógeno (N) y fósforo (P), pero el legislador no tuvo en cuenta que estos no existen en el mercado, lo que imposibilita cumplirla. Las organizaciones defienden la derogación de esta exigencia.
El texto legal también obliga a la implantación de barreras vegetales en las explotaciones, independientemente de las casuísticas que la condicionen. Llega al extremo de que hace obligatoria, y duramente sancionable si no se cumple, la implantación de una barrera vegetal, aunque la explotación esté vallada con un muro. Los agricultores opinan que no tiene lógica establecer esta obligación ya que el propio muro o la pared de un invernadero realizan la función de retener los sedimentos en caso de escorrentías.
La ley también obliga a que todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del terreno y plantación o siembra, sigan las curvas de nivel según la orografía del terreno. El sector agrario solicita modificar este artículo para establecer la obligatoriedad a partir de una pendiente mínima superior al 2% y cita para ello el estudio sobre el comportamiento hidrológico superficial, realizado por el catedrático de la UPCT, Victoriano Martínez.
Por otro lado, las cinco organizaciones solicitan que se incorpore la aplicación de la biosolarización en el suelo como práctica ecológica para la desinfección del terreno, así como el uso de fertilizantes que contengan inhibidores de ureasa o de la nitrificación, que permiten una liberación controlada de nutrientes al suelo.
Finalmente, cabe destacar entre otros muchos aspectos que también piden reformar, señalan que el régimen sancionador de la ley únicamente se adoptó para las actividades agrarias, eludiendo sancionar a otros factores y sectores no agrarios que inciden en la contaminación del Mar Menor, como se establece en el preámbulo de la ley. No sólo eso, agricultores y productores denuncian que los rangos de sanciones tipificados en la Ley exceden el principio proporcionalidad de la pena respecto al daño causado y, por ello, solicitan una ponderación de infracciones y sanciones en cantidades pecuniarias sensiblemente menores, acordes a la realidad del impacto de la agricultura en el medio natural.
