Centro comercial Pinatar Park, propiedad de la socimi Castellana Properties
No solo las grandes propietarias de inmuebles que operan en el mercado como sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) se han revelado contra el pacto alcanzado entre el PSOE y Sumar, que supondría modificar la fiscalidad de estas entidades y, por tanto, un mayor pago de impuestos.
Las mayores socimis que cotizan en el Ibex 35, Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial, reconocen que están estudiando la posibilidad de trasladar sus sedes fuera de España si se consuma el acuerdo entre los socios del Gobierno. En el caso de Merlin, lo expuso incluso en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y en Colonial, su presiente, Juan José Bruguera, también ha dejado claro que "reevaluarán su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica" si el Congreso aprueba la reforma fiscal.
Contra la estrategia de María Jesús Motero (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) de aumentar sus ingresos vía impuestos a las socimis, se ha sumado en las últimas horas otra sociedad de este tipo: Castellana Properties, que en la Región es propietaria del centro comercial Pinatar Park, en San Pedro del Pinatar.
Castellana también cotiza en el mercado de valores, ésta a través del BME Growth, al que ha enviado una ‘información relevante’ en la que defiende el papel de las socimis como vehículos creados para atraer inversiones y dar acceso a los pequeños inversores y ahorradores.
Subrayan que países del entorno como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia o Portugal, además de Estados Unidos, cuentan con vehículos similares, sometidos a regímenes fiscales análogos al español, que también proporcionan ingresos a Hacienda a través del IVA, el impuesto de Bienes Inmuebles, el de Actividades Económicas y el de Transmisiones Patrimoniales, así como el Impuesto de Sociedades.
Y también recuerdan que son entidades reguladas y supervisadas por la CNMV y que han ayudado a aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario.
Es precisamente en el impuesto de sociedades donde radica el conflicto con el núcleo económico del Gobierno.
Las socimis tributan únicamente un 1% por este concepto, pero a cambio están obligadas a repartir al menos el 80% de los beneficios entre sus accionistas, que son los que finalmente tributan en mayor cuantía por sus resultados.
Frente al 1% de las socimis, las empresas ‘estándar’ lo hacen en torno al 25% de sus beneficios, sin ninguna obligación de repartir dividendos.
Tomás Olivo renunció a la socimi
Esta diferencia en el régimen fiscal no tiene por qué beneficiar a la sociedad y, de hecho, recientemente se conocía un caso vinculado a la Región en la que una socimi renunció a su condición de tal y se reconvirtió en una sociedad anónima ‘al uso’. Se trata de General de Galerías Comerciales, la empresa inmobiliaria de Tomás Olivo. En su caso, siendo el empresario de Fuente Álamo propietario de más del 99% de las acciones, valoró que el reparto obligatorio de beneficios le impedía seguir capitalizando la empresa para realizar nuevas inversiones, por lo que optó por cambiar de régimen fiscal.
