Ser paciente para cobrar las ventas o perder clientes. El 79% de las empresas españolas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes. Los dos segmentos principales de empresas en los que se apoya la economía española tienen un comportamiento muy similar.
El 51% del tejido productivo tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados por parte de la gran empresa y el 44% por parte de las pymes. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago solo afecta al 13% de las entidades, según un estudio de Crédito y Caución e Iberinform.
Aunque en menor medida, las administraciones también forman parte del problema de la extensión indeseada de los plazos de pago: el 45% de las empresas que trabaja con el sector público tiene que aceptar plazos superiores a los deseados. El peor comportamiento, que afecta al 30% de las compañías, se da entre las administraciones locales. Este porcentaje se reduce al 23% con las autonómicas y al 12% con las estatales.
¿La razón? La falta de disponibilidad de fondos por parte de los clientes. Los problemas financieros constituyen la razón más citada (61% de las empresas), por delante del retraso intencionado de los clientes (55%), la complejidad del procedimiento de pagos (18%), las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (8%) o la emisión de facturas incorrectas (8%).
Poco más de la mitad (el 51%) de las empresas trabaja con plazos de cobro inferiores a los 60 días. El dato representa, sin embargo, una mejora de un punto porcentual respecto a los valores de hace un año, mejorando el comportamiento en plazos a los niveles pre Covid-19, cuando un 49% de las firmas trabajaba por debajo de los 60 días.
