La empresa de entregas a domicilio Glovo ha anunciado que hará contratos laborales a sus más de 12.000 repartidores en España, y que hasta ahora actuaban como autónomos y que ha supuesto importantes sanciones a la empresa. Este anuncio coincide con la víspera de la declaración Óscar Pierre, fundador y CEO de Glovo, ante un juzgado de Barcelona que está investigando un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
En un comunicado, la empresa de origen catalán y actualmente propiedad de la alemana Delivery Hero Group, afirma que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado" y ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.
Calculan que este cambio le supondrá un coste añadido de unos 100 millones de euros a partir de 2025, al tiempo que ha reservado en el actual ejercicio unos 770 millones para cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos por pagos que cubren el período hasta finales de 2024 para Glovo España, ha explicado.
La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó en junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.
Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa".