La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) vuelve a alzar la voz frente a lo que denominan pasividad del ministerio de Transición Ecológica, que es el que regula los costes de comercialización del gas licuado del petróleo (GLP), que incluye el reparto del butano.
Afirman que tras años de trabajo a pérdidas, el sector se encuentra al borde del colapso, poniendo en riesgo la continuidad de más de 3.500 empleos y un servicio esencial para 6 millones de hogares en España.
Según dicen, las agencias distribuidoras llevan más de una década soportando una fórmula obsoleta que no refleja el incremento de los costes operativos. En el último año, la actualización del coste de comercialización apenas fue de un céntimo de euro por botella, una cifra simbólica que demuestra el desinterés del Ministerio por resolver una crisis que afecta directamente a millones de ciudadanos, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables.
En noviembre y diciembre pasados estas empresas convocaron paros y organizaron suspensiones semanales del reparto domiciliario para dar visibilidad a la gravedad del problema. Como respuesta, el Ministerio publicó un borrador que reconoce los problemas del sector, “pero propone una actualización muy alejada de las demandas del sector, que considera imprescindible una subida de 1,80 euros por botella. Este importe permitiría cubrir costes operativos como salarios, transporte y mantenimiento de flotas, esenciales para la garantizar la sostenibilidad del servicio de reparto a domicilio, un servicio público esencial.
La Federación de Empresas del sector advierte que, de no tomarse medidas inmediatas, el reparto domiciliario de bombonas de butano se verá gravemente afectado, poniendo en peligro un servicio esencial que supone la distribución de más de 50 millones de bombonas al año, y no descartan adoptar “medidas de protesta más contundentes que obliguen al Gobierno a actuar”.