Más de cuatro años tardarán las familias y empresas murcianas que optaron por el autoconsumo eléctrico en recibir las subvenciones. Cuatro años, y no será hasta 2026 cuando comience a llegar el dinero a las cuentas corrientes de las más de 12.000 personas que al amparo de una normativa de 2021 realizaron una inversión sobre el tejado de sus viviendas, el techo de sus aparcamientos o en sus jardines instalando mayoritariamente placas solares para aprovechar la fuerza del sol y reducir considerablemente su factura energética, al tiempo que contribuían a disminuir el consumo de combustibles fósiles, rebajar la dependencia española de la energía foránea en forma de petróleo y gas y colaborar para poner fin al calentamiento del planeta.
Las ayudas económicas proceden de los fondos NextGeneration EU recogidos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la Unión Europea aprobó para el territorio comunitario tras la crisis provocada por la pandemia de covid de 2020.
La cuantía de estos fondos para ayudas a inversiones en “autoconsumo, almacenamiento y energías térmicas renovables” (así se recogía en la convocatoria de octubre de 2021) era de 660 millones de euros para el conjunto de España, de los que en torno a los 36 millones debían llegar a la Región de Murcia.
El grueso de las inversiones se realizó en 2022, fecha que aparece repetida en los largos listados que en los últimos días del pasado diciembre publicaba la dirección general de Industria, Energía y Minas. Estos listados corresponden a los miles de ciudadanos de esta comunidad autónoma a los que le ha llegado la notificación de que su solicitud ha sido atendida y la subvención, concedida.
Con cargo a los presupuestos de 2026
La decepción para estos inversores se produce cuando leen la ‘Disposición’ firmada por la Dirección General y fiscalizada por la Intervención Delegada de la consejería de Medio Ambiente: “Conceder subvención y disponer el gasto en la anualidad 2026, con cargo a la partida presupuestaria xxxx…”. Esto significa que aún transcurrirá al menos otro año antes que puedan disponer del dinero que se les adeuda. Es decir, más de cuatro años después de haber realizado la instalación.
Y aún así no lo tienen completamente asegurado, pues a particulares y empresas se les ha concedido un plazo de 18 meses desde la recepción de las notificaciones en la última semana de diciembre de 2024 para presentar aún más documentación que justifique que la obra ha sido realizada. Esta documentación, según valoran tanto la patronal de las empresas instaladoras, la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de Murcia (Aremur), como la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (ACMEIS), aún conlleva trámites y un coste económico para los solicitantes.
Fuentes de ambas entidades señalan a El Nuevo Digital que cargar con más trámites a los beneficiarios de las subvenciones hará que un gran número de éstos desistan y pierdan la ayuda que legalmente les correspondía.
Otro problema añadido a la presentación de la nueva documentación exigida es cómo y quién la elabora.
De un lado, en las notificaciones enviadas a los solicitantes no quedan claros qué trámites deben aún formalizarse. Por ejemplo, “someterse a actuaciones de comprobación, seguimiento y controles” por parte “de los órganos de control competentes” o “señalizar las instalaciones subvencionadas” con la colocación de placas en las que se indique que los paneles fotovoltaicos, inversores o baterías de acumulación en su caso han sido financiadas con fondos europeos. Una de las obligaciones exigidas al beneficiario es que debe dar visibilidad al mensaje “Financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU”. Desde Aremur ya se está trabajando en que se exima la obligación de colocar estos carteles en pequeñas instalaciones individuales.
De otro lado, también serán muchas las familias que cuando se dirijan a la empresa que les realizó la instalación se encuentren con la desagradable sorpresa de que ésta ha desaparecido o que no conservan “los documentos técnicos y económicos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos”.
Asociados a ACMEIS ya han alzado la voz y no descartan nuevos actos de protesta contra una situación que consideran “injusta” tanto por la demora en el cobro de la ayuda como por los trámites aún pendientes.
Por último, cabe destacar que estas ayudas debían cubrir en torno al 30% de la inversión realizada. Como ejemplo: una vivienda unifamiliar que haya instalado placas para la producción de 3,3 kw de electricidad que complemente el servicio contratado a la red ‘convencional’, habrá hecho una inversión en torno a los 6.000 euros y debería percibir unos 1.800 euros.