Un tractor distribuyendo fertilizantes mediante una abonadora
El mismo día en que la Comisión Europea (CE) da a conocer su brújula estratégica para la competitividad europea, presenta simultáneamente una propuesta para imponer sanciones a los fertilizantes rusos y bielorrusos. Según valoran las organizaciones agrarias, esta medida tendrá un impacto grave en la producción y la competitividad de la agricultura española. “Sin una estrategia clara de diversificación, los agricultores europeos pronto se encontrarán entre la espada y la pared. En caso de ser aprobada la subida de los aranceles, esta comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2025 con la aplicación a los fertilizantes nitrogenados”, afirman desde Asaja.
Desde hace años, Europa se enfrenta a una producción de fertilizantes insuficiente para satisfacer la demanda, lo que hace inevitables las importaciones. Esta situación ha empeorado tras el cierre de varias fábricas de fertilizantes en estados miembro de la UE. La aplicación del Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM) por parte de la UE encarecerá aún más los costes, tanto para la producción nacional como para los proveedores de terceros países que entren en el mercado europeo.
Aunque organizaciones como Asaja afirman que pueden llegar a comprender la legitimidad de las razones geopolíticas (guerra en Ucrania) que llevan a la Comisión a actuar, advierten que, una vez más, será el sector agrícola quien asuma, como moneda de cambio, las consecuencias económicas de estas decisiones.
Actualmente, señalan, los agricultores españoles no tienen garantías de que el déficit de fertilizantes se vaya a compensar con un aumento de la producción nacional a un precio competitivo -argumento clave esgrimido por los partidarios de las sanciones propuestas-. Estas medidas incrementarían los precios de los fertilizantes en al menos 40/45 euros por tonelada para la próxima campaña agrícola; lo que supondría una presión financiera adicional a las explotaciones agrícolas, ya de por sí afectadas por una situación económica difícil. Las repercusiones para la producción agrícola, la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones podrían ser muy graves.
Pedro Barato, presidente de Asaja, y vicepresidente del COPA COGECA, asegura que “las cifras podrían llegar hasta un nivel prohibitivo de 315 o 430 euros por tonelada, respectivamente, tres años después del inicio de la aplicación del reglamento propuesto, un nivel que sería aproximadamente del 100% en términos ad valorem (carga fiscal), lo que sería de nuevo un duro golpe para el sector primario”.
Por otro lado, el presidente de Asaja también denuncia que esta medida ataca directamente a la seguridad alimentaria, en un momento de máxima tensión geopolítica que puede poner en riesgo el modelo de vida europeo; sin olvidar que esta subida de los fertilizantes tendrá un impacto directo en el precio final que sufrirán también los consumidores, al encarecerse productos de primera necesidad.
