La Comisión de Gobierno de la patronal de productores y exportadores, Fepex, valora que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, acumulada a las anteriores subidas y que han supuesto un incremento del 61% desde 2018, restará competitividad a las explotaciones hortofrutícolas españolas, que tienen que disputarse el mercado nacional y comunitario con producciones de otros países con menores costes laborales por hora.
Para Fepex, el nuevo SMI del año 2025, que se sitúa en 1.184 euros mensuales en catorce pagas, supone un fuerte incremento de los costes laborales frente a las producciones de países terceros como Marruecos, con un salario medio para la categoría de peón agrícola de 276 euros, e incluso frente a otros países productores comunitarios como Portugal, donde el salario medio para la misma categoría es de 870 euros.
Desde esta organización denuncian que la subida continuada del SMI se está regulando sin tener en cuenta la realidad del sector agrario y más específicamente la del sector productor y exportador de frutas y hortalizas, que es muy intensivo en mano de obra, suponiendo ésta hasta el 45% de los costes de producción. Por ello, consideran necesario, entre otras medidas, la aprobación de bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, que permitan asumir de forma gradual los incrementos. Preocupa igualmente la reducción de jornada laboral que, de aprobarse, incrementará aún más los costes, en un sector en el que la falta de mano de obra también constituye uno de sus principales problemas.
Las diferencias de costes que soportan las producciones de la UE, frente a las de países terceros, no sólo en el ámbito laboral, sino también en el fitosanitario, medioambiental etcétera, y la dificultad para repercutir esos costes en el precio final, hace que el modelo de producción comunitario sea menos competitivo, según Fepex, por lo que una de las principales líneas de actuación de la nueva Comisión Europea, que presentará la semana que viene su ‘Visión para la Agricultura y la Alimentación’ debe ser mejorar la competitividad y revitalizar la preferencia comunitaria a través de un marco normativo que acompañe y no penalice la producción en la UE.
