La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se ha dirigido al Defensor del Pueblo para reclamarle que inicie una investigación sobre la aplicación de la Ley de Vivienda (Ley 12/2023, de 24 de mayo) en las zonas tensionadas y acerca de las medidas para el acceso a una vivienda digna y adecuada, de las que tienen competencia las administraciones autonómicas.
En su escrito, el sindicato señala como consideraciones a tener en cuenta la realidad actual del mercado de la vivienda en España, en el que se ha sufrido un incremento exponencial de los precios, tanto de venta de viviendas nuevas o de segunda mano, como de los precios de los alquileres.
Por otro lado, UGT subraya el empobrecimiento de parte importante de la población, en especial personas jóvenes y trabajadoras, y el incremento de la desigualdad entre quienes ya tienen una vivienda en propiedad y quienes no la tienen o tienen que acceder al mercado del alquiler o compraventa. En este sentido, el sindicato hace hincapié en que los denominados fondos buitre y grandes propietarios ostentan posiciones de ventaja y propician el encarecimiento de la oferta. De este modo, aumenta el riesgo de pobreza relativo de las personas con trabajo.
Ante este panorama, UGT denuncia que existen zonas o territorios en los que cada vez es más complicado el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras. Así, el sindicato se fija principalmente en las zonas de elevada presión turística como el archipiélago balear o la provincia de Málaga y advierte que el aumento de la vivienda turística es también factor coadyudante para el incremento de los precios de la vivienda.
Por estos motivos, y ante la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, la cual el sindicato considera que se está aplicando de manera insatisfactoria e improductiva por parte de las comunidades autónomas, UGT solicita al Defensor del Pueblo que inicie una investigación en la que las Administraciones competentes informen acerca del cumplimiento de la norma y de las medidas adoptadas para atajar el problema de la vivienda en España.
