La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no trasladar plenamente a su normativa nacional la directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles que obligue a las empresas a informar suficientemente a sus trabajadores.
Las normas de la UE exigen, por ejemplo, que los trabajadores reciban información oportuna y completa sobre aspectos esenciales de su empleo, como el tiempo de trabajo y la remuneración. Según las medidas notificadas a la Comisión, España no dispone de tales normas.
La Comisión inició el procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en septiembre de 2022, seguida de un dictamen motivado en junio de 2023. Fue en febrero de 2025 cuando España notificó a la Comisión medidas nacionales que transponían algunas de las disposiciones de la directiva, aunque no todas. La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes, por lo que va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se impongan sanciones financieras.
La Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles (Directiva UE 2019/1152) ofrece derechos laborales amplios y actualizados y protección a los casi 200 millones de trabajadores de la UE. Con estas normas, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en relación con las misiones y el tiempo de trabajo. También tienen derecho a recibir oportunamente información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo en general, como el tiempo de trabajo y la remuneración.
Las normas de la UE también garantizan que los trabajadores disfruten de unas condiciones laborales mínimas, como la limitación del período de prueba a un máximo de seis meses. En particular, estas normas benefician a entre dos y tres millones de trabajadores en formas de empleo precarias.
