
Juan Carlos Ruiz, quien fue consejero de Industria; ex directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez; el exjefe de Gabinete de Ruiz, José Fidel Saura; y el que fue alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, han sido condenados a cuatro años de prisión en relación a la 'trama púnica murciana'.
A penas menores han sido también condenados el antiguo secretario técnico de Turismo, Jesús Norberto Jesús Galindo: un hermano de Alonso, Agustín 'Winston' Alonso; el empresario Alejandro de Pedro, y dos empleados de éste: Francisco Javier Bueno y Sara Gargallo.
Los hechos se remontan a 2014 y aparentemente era una operación, si no legal, había poco riesgo y, además, las cantidades de dinero público que se iban a emplear no eran elevadas.
Ramón Luis Valcárcel, entonces presidente de la Comunidad Autónoma necesitaba un sustituto y dos eran los candidatos que se postulaban. De un lado Pedro Antonio Sánchez, que había sido alcalde de Puerto Lumbreras y era consejero de Educación y, de otro lado, otro hombre de partido: Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria y a cuyo cargo había dos institutos 'independientes': Fomento y Turismo.
Ahí surge otro nombre, en este caso socialista que había sido alcalde de Cartagena y conocía bien la política regional, José Antonio Alonso.
Alonso tiene un socio, Alejandro de Pedro, que, entre otras cosas, sabe cómo crear publicaciones destinadas a crear reputación 'buena' depende de qué fines. En este caso se trata de generar una corriente a favor de Juan Carlos Ruiz para 'elevarlo' hasta el 'altar' de San Esteban.
Las conversaciones discurren entre De Pedro y Alonso. Interviene un hermano de este. Agustin 'Winston' Alonso, y el jefe de gabinete de Ruiz, Saura. Para dar apareciencia de normalidad a contratos públicos se involucra a los dos institutos sobre los que Ruiz tiene poder: el Info y Turismo.
Incialmente se imputa a la entonces directora del Instituto de Fomento, Reyes Samper. Sin embargo, ella, ajena al caso, presta declaración y tras unos años imputada queda exculpada de todo. Su parte se sobresee.
Por el otro lado está Turismo. Se aborda el contrato con el visto bueno de su directora, Mariola Martínez, y de su secretario técnico, Jesús N. Galindo. Ambos, según mantuvieron sus declaraciones y el posterior jucio en la Audiencia Nacional, sostuvieron que desconocían el fin último de los contratos.
Estalla la operación Púnica y los juzgados de la Audiencia Nacional van creando piezas separadas que involucran a empresarios, dirigentes populares, algunos exsocialistas, hermanos, colaboradores, personal de cofianza, e incluso técnicos.
Dentro de esta 'rama murciana' de la Púnica también se implica (imputa) a la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro y a dos de sus más estrechos colaboradores: Francisco Ferreño y Mar Conesa. A los dos últimos se les exculpa pasados unos años y a Pilar Barreiro un tiempo después. Ellos, aparentemente también habían sido tentados para firmar contratos por servicios que se prestarían para generar reputación. Obviamente sin concurso público.
El juicio del que ahora se dicta sentencia se celebró en febrero de este año y, de momento, las penas quedan como siguen:
.- Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria: un año de prisión por fraude y tres por cohecho.
.- José Antonio Alonso, socio en la empresa de Alejandro de Pedro y negociador (conseguidor) de los contratos: uno año por fraude y tres por cohecho.
.- Alejandro de Pablo, empresario, administrador de Eico online reputación management S.L.: un año por fraude y tres por cohecho.
.- Mariola Martínez Robles, directora del Instituto de Turismo: un año por fraude y tres por cohecho.
.- José Fidel Saura, exjefe de Gabinete de Juan Carlos Ruiz: un año por fraude y tres cohecho.
En este punto cabe recordar que según lo probado en la causa, el fraude estaría en torno a los 30.000 euros; en tanto el cohecho consiste en aceptar y abonar sobornos por parte de un cargo público.
Además de las penas de prisión, todos ellos estaría condenados a la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo de veinte años y de cinco para recibir cualquier tipo de subvención o fimar contratos públicos en el caso del empresario.
En los otros condenados:
.- Agustín 'Winston' Alonso, hermano de José Antonio Alonso: un año de prisión por fraude y dos con la prohibición de obtener ayudas públicas o firmar contratos con la administración.
.- Jesús N. Galindo, exsecretario general de Turismo: un año de prisión por fraude, así como trece de inhabilitación.
.- Francisco Javier Bueno y Sara Gargallo, empleados de Eico online reputación management S.L., empresa de De Pedro: seis meses de prisión por cómplice de fraude.
La sentencia, dictada once años después de los hechos y siete meses después de juzgados aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.