El Banco de España lo deja claro: una norma nueva cada 45 minutos en España frena la actividad económica

El Banco de España, actualmente dirigido por el exministro de Función Pública y antes de Seguridad Social en los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez, José Luis Escrivá, ha publicado un estudio en el que advierte de que las más de 400.000 normas elaboradas en España desde las primeras elecciones democráticas en 1979 suponen un freno para la creación de empresas y el crecimiento económico. En concreto, entre los años 1979 y 2021 fueron aprobadas 411.804 leyes, decretos y otros reglamentos. En 2022, se añadieron 11.775 nuevas disposiciones, es decir, 32 normas nuevas cada día, una cada 45 minutos aproximadamente.

El número de normas publicadas cada año se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia.

Y añade que “se observa una tendencia al crecimiento de la actividad normativa, acompañado de un aumento en las referencias cruzadas entre normas”. O, lo que es lo mismo, que la simplificación administrativa está lejos de alcanzarse.

El estudio ha sido elaborado por el economista de la entidad Juan S. Mora Sanguinetti, y en él se indica como primera conclusión que “la calidad del entorno regulatorio influye en el crecimiento económico. En España, la normativa densa y fragmentada eleva costes y dificulta el emprendimiento”; y que por tanto es preciso mejorar la coherencia de las normas y simplificarlas, lo que favorecería un marco de actuación más dinámico, eficiente y accesible para las empresas, especialmente las pequeñas, y para los nuevos emprendedores.

Se reconoce que el entorno institucional en el que operan las empresas juega un papel clave en el desarrollo económico. La calidad de las instituciones, en particular del marco regulador, afecta directamente a la capacidad de crecimiento de un país y que las normas son necesarias para ordenar la actividad económica y, bien diseñadas, pueden corregir fallos de mercado y fomentar un crecimiento sostenible. “Sin embargo, cuando la normativa se multiplica sin una planificación adecuada o se vuelve muy compleja (por ejemplo, por su desconexión entre territorios), puede convertirse en un obstáculo para el emprendimiento y el crecimiento de las empresas y, también, de la economía. 

Esta proliferación de normas refleja en buena medida el dinamismo normativo de un Estado descentralizado y en construcción y la transposición de las directivas europeas. Pero el autor del trabajo considera que este crecimiento plantea retos operativos para las empresas, especialmente las más pequeñas. Los empresarios y emprendedores se enfrentan a una creciente carga administrativa y a una posible falta de claridad o coherencia en el entorno regulador.

Diferencias significativas entre comunidades

Claramente se indica que la normativa en España es heterogénea tanto entre sectores como entre comunidades autónomas. Esta diversidad se da, no solo en términos del volumen de regulación, sino también en su dispersión y carácter específico. Tal heterogeneidad se traduce en diferencias significativas en los requisitos legales y administrativos para las empresas según dónde y en qué sector operan.

De esta manera, el aumento de regulación puede tener efectos negativos sobre la actividad económica, especialmente en las empresas de menor tamaño Un mayor volumen de normas conlleva una reducción en la entrada de nuevas firmas y una menor creación de empleo. En algunos sectores, como el industrial, se observa una clara relación negativa entre densidad normativa y dinamismo empresarial.

Además, se afirma, la convivencia de normas diferentes en cada comunidad autónoma -la llamada fragmentación normativa- puede aumentar los costes de cumplimiento para las empresas, dificultar la expansión territorial y reducir la eficiencia del mercado interior. Este fenómeno puede afectar especialmente a las pymes , que, a menudo, no tienen una asesoría jurídica que les facilite operar en varias regiones al mismo tiempo.

Juan S. Mora Sanguinetti, que además de economista es licenciado en Derecho, afirma que la complejidad regulatoria también limita la capacidad de las empresas para innovar. Si bien ciertas normativas -como las medioambientales o ‘verdes’- pueden incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías siempre que estén bien diseñadas, una normativa excesiva o descoordinada entre administraciones puede generar incertidumbre, disuadir la inversión y reducir el margen de actuación empresarial.

En el ámbito de la regulación ‘verde’, por ejemplo, se observa que los efectos sobre la innovación dependen en gran medida de la coherencia entre las normativas nacionales y autonómicas. Cuando las disposiciones están alineadas, pueden estimular la adopción de tecnologías más limpias. Pero cuando resultan inconsistentes o contradictorias, los efectos pueden ser contraproducentes.