Deriva totalitaria en Europa: del 1984 de Orwell a la vigilancia digital en UK

Reino Unido: Online Safety Act, censura y arrestos por opinión online

El Gobierno británico ha aprobado normas draconianas para castigar el “contenido peligroso” incluso antes de que ocurra un delito. La Online Safety Act 2023 introduce nuevos ilícitos penales (difusión de “desinformación ilegal”, envío de “comunicaciones amenazantes”, ciberacoso, etc.) y obliga a las plataformas a eliminar contenido calificado como perjudicial. Desde su entrada en vigor, cientos de personas han sido procesadas por estos supuestos delitos de expresión: por ejemplo, se reportan 292 imputados bajo la nueva ley (con 67 ya condenados) por difundir “fake news” o mensajes presuntamente violentos. Además, las leyes anteriores siguen vigentes: la Malicious Communications Act y la Communications Act penalizan enviar mensajes falsos o “groseros y menaces” con fin de causar “molestia, inconveniencia o angustia”. Obligar a las plataformas a “buscar y eliminar” contenidos bajo amenaza de multas es una grave amenaza a la libertad de expresión.

En la práctica policial esto se traduce en una cacería de opiniones: según la Eurocámara, en 2023 hubo ~12.000 arrestos por comunicaciones “ofensivas” online (unas 30 detenciones diarias). La mayoría no acaban en condena, pero los detenidos sufren interrogatorios y un daño reputacional grave simplemente por expresar ideas controvertidas. A esto se añade un arsenal preventivo: programas como Prevent y medidas antiterroristas (TPIMs o “control orders”) permiten imponer restricciones (toques de queda, prohibición de usar Internet, etc.) basadas sólo en la sospecha de “radicalización”. Organizaciones de derechos civiles advierten que con estas medidas “la presunción de inocencia pende de un hilo”, al castigar personas antes de cualquier juicio.

Europa, la UE y Reino Unido exhibe rasgos cada vez más preocupantes de un régimen Orwelliano: leyes de “seguridad” digital y criminales que cercenan la libertad de expresión. En el Reino Unido, la entrada en vigor del Online Safety Act (octubre 2023) amplió drásticamente la censura online: obliga a buscadores, redes sociales y servicios de chat a filtrar todo el contenido “problemático” o enfrentar multas millonarias. Además, se crearon nuevos delitos penales en línea –mensajes falsos, amenazantes, insultos, “cyberflashing”, etc.– vigilados por el regulador Ofcom. Como advierten expertos:

Alemania: NetzDG, persecución del odio en línea y perfilado ideológico

Alemania aplica desde 2017 el NetzDG (“Ley de cumplimiento en redes”): obliga a plataformas con más de 2 millones de usuarios a recibir denuncias y eliminar con plazos muy breves todo contenido ilegal (delitos de incitación, calumnias, pornografía infantil, símbolos nazis, etc.). Tras varias enmiendas (2019-2021) estas obligaciones se endurecieron: las redes deben reportar proactivamente al BKA (Policía Federal) cualquier contenido “potencialmente criminal” que detecten. A su vez, cambios en el Código de Proceso Penal autorizan a las fuerzas del orden a recabar datos de uso de plataformas si sospechan un delito grave. El efecto ha sido expandir el censurado preventivo bajo la excusa de seguridad.

Paralelamente, se han impulsado nuevos instrumentos policiales: en junio de 2021 el Parlamento aprobó leyes que permiten espiar smartphones y computadoras de sospechosos ¡sin que se haya establecido ningún delito! (uso de spyware oficial para saltarse el cifrado de WhatsApp/Signal). Human Rights Watch critica que así se autorizan intervenciones en comunicaciones “de personas contra las que aún no existe sospecha de un delito”.

La persecución del “discurso de odio” en línea es especialmente activa. La fiscalía de Baja Sajonia informó 3.500 casos anuales de incitación online, investigados por equipos especiales de delitos de odio. Uno de estos equipos realizó simultáneamente redadas matutinas en más de 50 viviendas de presuntos trolls racistas por publicar caricaturas ofensivas. Los sospechosos son enjuiciados incluso por republicar contenidos, con sanciones que incluyen altas multas o confinamiento de dispositivos.

Además, el aparato de inteligencia interior (Verfassungsschutz) ha elevado la vigilancia ideológica: en 2025 declaró al partido de oposición AfD como “organización extremista de derechas”, según un informe oficial de 1.000 páginas. Esa decisión permitirá vigilar “reuniones y comunicaciones” de todo el partido. Así, la simple adscripción a ideas catalogadas como “peligrosas” facilita la intervención previa de las autoridades. Se trata de eliminar la disidencia a cualquier precio.

Unión Europea: Chat Control 2.0, DSA y vigilancia preventiva

Bruselas ha impulsado reglas de control digital que refuerzan la lógica preventiva. La más polémica es el Chat Control 2.0 (Reglamento CSA propuesto): obligaría a escanear todos los mensajes y fotos privados en aplicaciones de mensajería cifrada para detectar abuso sexual infantil. En la práctica, cualquier conversación podría ser analizada por algoritmos estatales, lo que acabaría con el cifrado de extremo a extremo. ONG y expertos alertan que la medida permitiría un “acceso general e indiscriminado” a la correspondencia privada, exponiendo al conjunto de la población a un cribado masivo. Lo curioso es que una puerta trasera para los Servicios de Información, es una puerta trasera para cualquier ciberdelincuente, por lo que supone un riesgo intolerable para la privacidad y la seguridad de todos.

Otra pata clave es la Ley de Servicios Digitales (DSA) de 2022, que impone obligaciones estrictas a plataformas: identificar riesgos sistémicos (terrorismo, desinformación, odio) y retirar “contenido ilegal” en plazos mínimos. Aunque el DSA proclama proteger derechos, las enmiendas parlamentarias añadieron plazos ultra-estrictos (ej. 24–30 horas para eliminar supuestos contenidos ilícitos). Las ONG critican que exigir borrar contenido en horas “sin posibilidad de recurso judicial” simplemente refuerza el poder censurador de las propias empresas. Nada nuevo en el horizonte. Tanto las reglas europeas (DSA, futura Ley de Inteligencia Digital, etc.) como la retórica política (plan de lucha contra la “radicalización” online) empujan a toda la UE hacia un modelo de vigilancia legal-profesional basada en la sospecha preventiva.

Mecanismos orwellianos: violación de garantías fundamentales

Estos marcos legales funcionan como engranajes de un sistema orwelliano, encubiertos tras el lema de la “seguridad”. Se destruyen garantías básicas:

• Presunción de inocencia anulada: Se imponen restricciones o sanciones sin condena previa. Como subraya Liberty (ONG británica), con prácticas tipo órdenes de control “basadas en la sospecha” “cuelga sobre las garantías de justicia” la presunción de inocencia. Es decir, cualquiera puede ser tratado de culpable antes de probarse un delito.

• Censura preventiva: Leyes como la Online Safety Act, NetzDG y DSA obligan a plataformas privadas a vigilar y borrar automáticamente contenidos “peligrosos”. Esto traslada al sector privado la tarea de decidir qué es aceptable, con gran arbitrariedad. La Unión exige eliminar contenidos “supuestamente ilegales” en horas, un enfoque “disparatado” que ONG califican de perjudicial para derechos. Por tanto, muchas voces se censuran antes de tiempo por miedo al castigo.

• Vigilancia total: Se legitima la intrusión masiva en la vida privada. Nuevas normas facultan a policía y agencias para interceptar comunicaciones sin justificar sospecha alguna. La pretendida “lucha contra la delincuencia” justifica hackeos judiciales de dispositivos, bases de datos estatales compartidas, y el seguimiento de perfiles “radicales” en redes. Comisiones parlamentarias advierten de que este sistema de “rastreo general” genera “incertidumbre, desconfianza e inquietud” en los ciudadanos.

• Privacidad eliminada: Al romper el cifrado y recolectar datos indiscriminadamente (mensajes, metadatos, búsquedas), se arrasa el ámbito íntimo del individuo. El Alto Comisionado de la ONU ya ha condenado que escanear sin causa todos los chats (como propone la UE) viola derechos fundamentales.

Convergencia y gobernanza de la sospecha

Reino Unido, Alemania y la UE avanzan en tándem. Las leyes británicas han servido de ejemplo para la UE (sobre todo tras el Brexit) y viceversa. La propia Eurocámara nota que la regulación digital comunitaria (p.ej. DSA) avanza paralelo al giro conservador británico, que ya no está amparado por la Carta de Derechos de la UEeuroparl.europa.eu. Alemania exporta su modelo: el NetzDG germano inspiró debates similares en otros Estados. Mientras tanto, los gobiernos impulsan acuerdos internacionales para alertas tempranas y colaboración policial sobre “riesgos terroristas” online.

El resultado es un entramado legal común: tecnologías de vigilancia masiva y tipificaciones amplias permiten que un ciudadano pueda ser investigado o castigado por lo que podría decir o pensar, no por lo que hizo. Esta gobernanza de la sospecha retroalimenta la polarización política: si una opinión se etiqueta como extremista o dañina, autoriza mecanismos estatales de control preventivo. Miles de procesados sin condena (Reino Unido), tribunales que avalan interceptaciones sin sospecha (Alemania) y propuestas de espionaje global (UE) muestran cómo en la práctica la seguridad pasa por encima de las libertades civiles.

Advertencia: riesgos para las libertades civiles

La expansión de estas políticas de “precrimen” implica un claro retroceso en las libertades en Europa. Se sacrifican garantías clave –presunción de inocencia, protección de la vida privada, libertad de expresión– en nombre de una seguridad ambigua.

El resultado: una sociedad vigilada permanentemente, donde hablar o pensar algo “peligroso” baste para ser intervenido. Organismos independientes advierten que ese camino conduce a una “cultura del sospechoso”, incompatible con la libertad política. La lección es urgente: sin freno a estas medidas, el derecho a disentir quedará encadenado y los ciudadanos europeos perderán progresivamente sus libertades fundamentales.

Nuestras herramientas para contrarrestar el espionaje gubernamental:

• Defender el cifrado y la privacidad en línea. Fomentar el uso de herramientas seguras (por ejemplo, mensajería cifrada, redes descentralizadas, navegadores sin rastreadores) para proteger las comunicaciones políticas.

• Vigilar y denunciar abusos legales. Organizaciones como Edri, Amnesty Digital o Free Speech Union documentan casos de persecución por opinión. Difundir estos casos (vía redes alternativas, blogs independientes y prensa libre) previene la normalización de la represión.

• Presionar a los responsables. Convocar protestas, enviar cartas o peticiones al Parlamento Europeo y gobiernos nacionales, y apoyar a plataformas de auditoría cívica (como Exodus Privacy) para exigir transparencia sobre los datos que recopilan las aplicaciones oficiales. En UK más de 2,3 millones de ciudadanos han pedido al Gobierno de UK que no impongan el ID Digital.

• Apoyar medios independientes y ONG defensoras de derechos digitales. El pluralismo informativo es un antídoto contra la “vigilancia total”. Contribuir a organizaciones dedicadas a la libertad de expresión ayuda a fortalecer la resistencia legal y social ante las leyes opresivas.

Esta batalla por la libertad de expresión y la privacidad es desigual, pues nos enfrentamos a Estados y corporaciones enormemente poderosos.

La historia también muestra que sin conciencia crítica ni resistencia civil, las libertades pueden evaporarse. La pregunta final es si permitiremos que nuestra comunicación íntima y política sea cualquier día “abierta” como cartas, en nombre de la seguridad. La lucha es desigual, pero hay esperanza.

Linkedin: Aquilino García