De cumplirse la producción de aceite de oliva estimada para la actual campaña, cuantificada en 1,8 millones de toneladas, España se enfrenta a una retirada del mercado de unas 360.000 toneladas. Este sería el plan previsto por el ministerio de Agricultura, en principio en un borrador de orden ministerial, y que establece los criterios para la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado si se produce un exceso de oferta.
La medida que proyecta Agricultura se activaría cuando el volumen de existencias alcance, al menos, el 120% de la media de las seis campañas anteriores, sin que pueda superarse el 20% de la producción estimada.
Los números son los siguientes: la producción media de las seis últimas campañas (con importantes descensos en la 2023/24 y la 2022/23) es de 1,14 millones de toneladas, en tanto la prevista para la campaña que se inicia ahora es de 1,8 millones de tonelada, que supera el 20% de la media y la diferencia sería la que iría a otro usos y no al mercado para alimentación.
A juicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las medidas que prevé este proyecto de orden ministerial “pueden ser perjudiciales para los consumidores (especialmente para los de rentas más bajas), y otros eslabones de operadores, como los distribuidores y exportadores, al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto”. Así se de rotundo se pronuncia en un informe preliminar publicado hoy.
Por este motivo, el organismo regulador de la competencia reclama que se justifique bien la medida, se identifiquen objetivos y los efectos que tendrían para agricultores, operadores y consumidores.
Al tiempo que recomienda estudiar otras alternativas como el almacenamiento privado antes de recurrir a la retirada obligatoria de producto y concretar el impacto económico de esta obligación.
En este sentido, la CNMC recuerda que cualquier intervención pública debe ser “proporcional, transparente y con el menor impacto posible sobre el funcionamiento competitivo del mercado”.
