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Los constructores murcianos cuestionan la adjudicación de las obras de la Marina del Carmolí a Tragsa

Denuncian que supone un perjuicio directo a las constructoras de la Región, que no han tenido la posibilidad de concurrir y presentar sus propuestas

Nuevo Digital Miércoles, 08 de Octubre de 2025

 

La Asociación de Constructores de la Región de Murcia (Acomur), que agrupa a las principales contratistas de obra pública, ha lamentado que la consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia encargue directamente las obras de recuperación de la Marina del Carmolí a Tragsa, entidad considerada medio propio personificado de la Administración, sin convocar una licitación pública.

 

Este encargo, según la asociación, supone un perjuicio directo a las empresas constructoras de la Región, que no han tenido la posibilidad de concurrir y presentar sus propuestas para realizar esta obra, que se ejecutará en seis meses y cuenta con un presupuesto de 848.001,07 euros financiado con cargo a los fondos europeos Next Generation.

 

El uso frecuente de los encargos de todo tipo a Tragsa, fuera de las actuaciones que constituyeron su objeto inicial, implica, además, una inflación en el mercado de obra y maquinaria, defiende Acomur, “porque esta empresa estatal tiene que dotarse rápidamente de medios para poder realizar la gran cantidad de trabajos que se le encomiendan”.

 

De hecho, según afirman, en 2024 y en la Región, la administración autonómica encargó obras a Tragsa por un volumen superior al 13% de todo lo licitado, mientras que la administración central hizo lo propio por el 12,3%, cuando el porcentaje de encargos a nivel nacional está, en los últimos años, entre el 3% y el 5% del volumen total de licitación.

 

El presidente de Acomur, José Juan González, se ha mostrado muy descontento y ha subrayado que la decisión “no puede ser justificada de ninguna manera, tampoco por los plazos de ejecución establecidos para las obras financiadas mediante los fondos Next Generation, puesto que si se hubiese iniciado una licitación pública también podrían haberse cumplido”. Además, ha querido recalcar que estas acciones “reducen considerablemente la actividad económica de las firmas dedicadas a la obra pública, lo que disminuye la estabilidad financiera de un sector que es fundamental”.

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