España, OTAN, UE. El dilema falso de ‘armas o mantequilla’

 

La clásica oposición entre gasto militar y gasto social —la llamada tesis de guns vs butter— no siempre se cumple. Los estudios comparativos más recientes muestran que la relación depende de la estructura fiscal y de la coyuntura económica.

 

En países con alto crecimiento y capacidad recaudatoria, el aumento en defensa no necesariamente desplaza gasto social. En cambio, en contextos de austeridad o déficit estructural, el incremento militar sí suele implicar recortes en servicios públicos o inversión social.

 

La evidencia de los últimos años en Europa es variada. Estonia y Lituania, por ejemplo, han elevado de manera notable su gasto militar —superando el 2 % del PIB desde hace una década— sin deteriorar sustancialmente sus políticas sociales. Lo han hecho mediante una gestión presupuestaria prudente, crecimiento económico sostenido y consenso político en torno a la amenaza rusa.

 

Alemania ha seguido otra vía: ha creado un fondo especial de 100.000 millones de euros, financiado con deuda, para modernizar su ejército sin recortar otras partidas. Francia, a su vez, ha optado por una combinación de aumento fiscal y reorganización del gasto, manteniendo sus compromisos sociales.

 

Estos ejemplos demuestran que no existe una ley económica que obligue a elegir entre seguridad y bienestar. Lo que determina el resultado es la política fiscal y la voluntad de planificación a medio plazo.

 

 

España: una prioridad dual y un equilibrio delicado

 

En España, el Gobierno ha expresado que el gasto en defensa y el fortalecimiento del Estado del bienestar no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Esa declaración, sin embargo, debe traducirse en una estrategia concreta.

 

El margen fiscal español sigue siendo limitado: la deuda pública ronda el 108 % del PIB y el déficit, aunque en descenso, se mantiene por encima del 3 %. A ello se suma la necesidad de financiar un sistema de pensiones presionado por el envejecimiento demográfico y el compromiso de reforzar la sanidad y la educación tras los años de pandemia.

 

En este contexto, la pregunta no es si España debe aumentar el gasto en defensa —lo hará, por presión aliada —, sino cómo hacerlo sin debilitar su estructura social.

 

La tensión entre seguridad, compromiso internacional y justicia social no es nueva en España, pero en 2025 ha escalado a un nuevo nivel. Entre las presiones de la OTAN, Estados Unidos, las instituciones europeas y los debates internos, el Gobierno español se encuentra ante una diatriba: ¿privilegiar un gasto creciente en defensa para cumplir con los estándares internacionales o salvaguardar el Estado del bienestar sin que se vea mermado? Me pregunto: ¿Elegir entre Defensa y Bienestar son opciones mutuamente excluyentes?

 

Situación actual: cifras y compromisos

 

En 2024, España gastó 1,28 % del PIB en defensa, siendo uno de los países de la OTAN con menor proporción respecto al tamaño de su economía.

 

El Gobierno ha anunciado un incremento de gasto para 2025: se sumarán aproximadamente €10.471-€10.5 mil millones para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB como gasto en defensa y seguridad. Spain in English+3Anadolu Ajansı+3euronews+3

 

Según los datos publicados en junio de 2025, España ya habría alcanzado ese 2 % de PIB (al menos hasta junio) si se consideran los gastos hasta esa fecha, con una subida del 43,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en €33.123 mil millones en gasto anualizado.

 

Las críticas de socios de la OTAN y de la UE

 

Los reproches que llegan de aliados internacionales se centran en varios puntos. Aquí los principales:

 

No cumplir el nuevo objetivo del 5% del PIB

 

Donald Trump ha exigido que los países de la OTAN incrementen su gasto militar hasta el 5 % del PIB.

 

España se ha opuesto formalmente a comprometerse con ese nivel, alegando que sería “irrazonable”, “contraproducente” y que pondría en riesgo el Estado del bienestar.

 

Quedar rezagado frente a otros aliados

 

España ha sido calificada como uno de los “retrasados” (“laggards”) en NATO por dedicar menos porcentaje del PIB a defensa que muchos de sus vecinos.

 

Algunos países del flanco oriental de la Alianza y del norte critican que España no esté “tirando lo suficiente del carro” para responder a amenazas comunes.

 

Falta de concreción, plazos poco claros y transparencia limitada

 

Se ha señalado que algunos anuncios gubernamentales adolecen de falta de detalle sobre qué parte del gasto será inversión (material, capacidad militar) y qué parte gasto corriente (personal, salarios, mantenimiento).

 

También hay críticas de que el Gobierno asegura que no habrá recortes sociales, subidas de impuestos o déficit adicional, pero algunos escépticos dudan de si estos compromisos se mantendrán en tiempos de choques económicos.

 

Presión desde dentro de la Unión Europea

 

El comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, ha señalado que España debería acercarse a un 3 % del PIB en defensa, dentro de ese debate que ha surgido en la OTAN de fijar nuevos objetivos más exigentes.

 

Incluso países tradicionalmente aliados con España expresan preocupaciones de que los compromisos anunciados no bastan si no se concreta cómo se van a sostener sin que recaiga sobre lo social. (Ej: declaraciones de ministros de Defensa o diplomáticos de Polonia y los estados bálticos).

 

Postura del Gobierno español

 

Frente a esas críticas, el Ejecutivo defiende lo siguiente:

 

La meta del 2 % del PIB para 2025 es suficiente para cumplir los compromisos de la OTAN con España como miembro leal.

 

España no aceptará forzar un objetivo del 5 % que, según sus cálculos, dañaría el Estado del bienestar o implicaría recortes sociales, subida impositiva significativa o endeudamiento insostenible.

 

El Plan de Inversión en Defensa anunciado promete que el aumento de gasto no vendrá acompañado de recortes sociales, ni de aumentos tributarios que afecten al ciudadano, ni de mayores déficits o deuda, al menos según lo declarado.

 

También se argumenta que una parte importante del gasto extra irá al tejido productivo nacional, empresas españolas, y tecnología dual (uso civil y militar), lo que podría generar retornos económicos.

 

Riesgos reales para el Estado del bienestar

 

Aunque el Gobierno diga que no tocará lo social, los riesgos existen:

 

Si los ingresos crecen menos de lo estimado —por crisis, inflación o decrecimiento económico— podría haber presión sobre el déficit y la deuda, lo que usualmente lleva a ajustes generales, también en gasto social.

 

Si los costes del gasto militar moderno (modernización, personal, mantenimiento de materiales, adquisición continua) se subestiman, puede que las partidas corrientes aumenten mucho más que lo previsto, robando margen a otras políticas.

 

Si el aumento del gasto en defensa no tiene transparencia, supervisión y prioridades claras, puede perder legitimidad social, lo que genera resistencia política, protestas o retrocesos.

 

La inflación, los costes energéticos, los costes del servicio de la deuda pública, etc., podrían mermar la capacidad de mantener ambos objetivos simultáneamente, defensa y bienestar.

 

¿Puede España iniciar una senda de gasto en defensa sin debilitar lo social?

 

Mi conclusión es que sí es posible, pero bajo ciertas condiciones:

 

Planificación fiscal creíble

 

Con estimaciones conservadoras de ingresos, proyecciones de deuda y déficit realistas, evitando anuncios que luego no se cumplan. Es clave garantizar que los fondos provienen de crecimiento económico, de reasignaciones o ahorros, no de promesas incumplibles.

 

Financiación diferenciada para inversión y gasto corriente

 

Las inversiones en material y capacidades (que duran décadas) pueden financiarse en parte con deuda o mediante presupuestos plurianuales. El gasto corriente (personal, salarios, mantenimiento) debe evaluarse cuidadosamente para no comprometer otras funciones del Estado.

 

Transparencia y rendición de cuentas

 

Saber cuánto se dedica a adquisición de armas, cuánto a ciberseguridad, cuánto a mantenimiento, cuánto al personal, etc. Políticas claras y auditables.

 

Apalancamiento industrial y tecnológico

 

Maximizar el componente nacional y dual-use, de forma que parte del dinero también revierta en desarrollo económico, empleo, investigación, lo que puede amortiguar el impacto social.

 

Cooperación internacional

 

Compras conjuntas con otros países de la UE/NATO, aprovechar fondos comunitarios o alianzas para reducir costes unitarios, compartir mantenimiento, logística, etc. Esto ayuda a evitar duplicaciones y obtener mejores precios.

 

Límites temporales y evaluaciones intermedias

 

Establecer hitos claros: por ejemplo, llegar al 2% en 2025, evaluar al año siguiente el impacto, revisar si puede subirse más sin menoscabar lo social, etc.

 

Conclusión

 

España enfrenta un equilibrio muy delicado: cumplir con las obligaciones de la OTAN y responder a las exigencias internacionales, pero sin perder de vista el Estado del bienestar que ha sido uno de los fundamentos del contrato social español.

 

Las críticas de los socios no son meramente retóricas: exigen concreción, metas superiores (como el 3 % o el 5 %), mayor transparencia, más rapidez. Pero esas críticas también deben entender que cada país tiene sus propias limitaciones fiscales y sociales.

 

España ya ha dado un paso significativo al comprometerse a alcanzar el 2 % del PIB en defensa para 2025, adelantando su propio calendario, y asegurando que no se recortará lo social. Si mantiene sus compromisos fiscales, transparencia, y apoya su estrategia también con crecimiento y mejora institucional, puede ser un ejemplo de cómo elevar capacidad militar sin sacrificar lo social.

 

Pero si el proceso se convierte en pura retórica, o los aumentos se financian con ajustes ocultos, podría generarse frustración social y daño al Estado de bienestar. Es un desafío político, económico y moral, y será una de las batallas clave en la España de los próximos años.