Los 6.500 millones del silencio electoral

El Gobierno ha entregado 6.582 millones de euros a Indra bajo el pretexto de 'modernizar la defensa nacional'. Pero cuando la empresa que recibe una semejante lluvia de dinero es la misma que gestiona el 'recuento electoral' en España, surge una pregunta que es del todo inevitable: ¿estamos financiando la seguridad del Estado o , por el contrario, reforzando el poder del Gobierno?

Indra no es una compañía más. Es una empresa que está demasiado cerca del poder. Es la que se encarga de procesar y difundir todos los resultados provisionales de las elecciones generales, autonómicas y municipales. Maneja el sistema informático que comunica los datos del escrutinio en la noche electoral. No cuenta los votos, pero controla su transmisión y su presentación pública.

Y ahora, ese mismo Gobierno que depende de ella para el recuento, le concede 6.500 millones de euros, sin concurso ni competencia. Esto es una coincidencia tan rentable como inquietante.

El Ejecutivo de Sánchez justifica esta operación como 'apoyo' a la industria nacional, pero el 96 % de los fondos destinados a la defensa va a parar a Indra o a consorcios en los que participa. Todo por decreto, sin apenas  licitación ni debate.

Mientras tanto, hospitales sin recursos, escuelas saturadas y miles de familias sin una  vivienda digna. ¿Por qué tanta prisa en regalar dinero a quien no lo necesita...? 

Indra no está en apuros. Cerró 2024 con 278 millones de beneficio neto, un 35% más que el año anterior. No necesita de rescates, pero recibe un crédito del Gobierno sin intereses, y si no lo es, parece una subvención encubierta en toda regla.

¿Y todo para qué? ¿Para fabricar radios tácticas, blindados y radares… o para blindar y consolidar sus  relaciones políticas...?

Indra es ya una pieza estratégica del sistema, y no solo en ciberseguridad o en defensa, sino también en la gestión de los procesos electorales. Desde que la SEPI —el brazo industrial del Estado— aumentó su cuotas de participación accionarial, el control gubernamental sobre la empresa es cada vez mucho más evidente.

Cuando el Estado es, a la vez, socio, cliente y financiador de la compañía que maneja todo el recuento electoral, la frontera entre lo técnico y lo político se vuelve difusa ante el poder del recuento.

En democracia, la apariencia de neutralidad es tan importante como la misma neutralidad. Y en este caso, brilla por su ausencia. No puede haber transparencia electoral si el poder que reparte el dinero es el mismo que recibe y controla los datos.

El Gobierno habla de una 'soberanía tecnológica', pero esto no es soberanía, sino dependencia --pura y dura-- pagada con dinero público. Mientras los españoles soportan impuestos récord, largas listas de espera, subvenciones a la a ELA que nunca llegan y servicios públicos en franco retroceso, el Ejecutivo reparte miles de millones sin control, sin competencia y sin vergüenza.

Ni debate parlamentario, ni fiscalización, ni transparencia, solo un decreto, una cifra astronómica y un silencio ruidoso y mediático que ofende.

El dinero público debe servir al interés general y no al fortalecimiento del poder de quienes ya lo controlan. Indra podrá ser muy eficiente, pero cuando el Estado la convierte en su brazo tecnológico, financiero y electoral, el riesgo no es ya económico, sino democrático.

Porque cuando quien maneja el sistema de escrutinio recibe también los cheques del Gobierno, la confianza de los ciudadanos en las instituciones oficiales se erosiona y desaparece. Y una democracia sin confianza no es democracia: ¡es solo una fachada con urnas!

Linkedin: Pedro Manuel Hernández