El pleno de la Asamblea tras el rechazo al decreto de vivienda
La Asamblea Regional ha rechazado finalmente el decreto de la ley de ‘vivienda asequible’ que estaba en vigor desde el 4 de octubre, por lo que ha sido derogado por falta de consenso político.
Esta ley, rechazada por la oposición en bloque, tenía como principales objetivos crear la figura de la ‘vivienda asequible de la Región de Murcia’, un nuevo concepto de vivienda pública con la intención atajar el problema de la vivienda en la Región. También buscaba una mayor flexibilidad en la ordenación urbanística, pudiéndose incorporar suelo residencial más rápidamente.
Además, tenía la intención de reducir la burocracia en general reduciendo plazos y simplificando algunos trámites, teniendo como objetivo reducir casi a la mitad la obtención de licencia de una obra.
La ley ha sido rechazada por los tres grupos de la oposición: PSOE, Vox y Podemos. El PSRM ha alegado que el suelo donado debería ser “siempre público” sin permitirse que se privatice con los años. Los socialistas también han exigido que el 30% de las nuevas viviendas sean destinadas a alquiler asequible, así como el aumento de fondos del aval joven de cara a que jóvenes murcianos compren una vivienda.
Tanto el PSOE como Podemos han denunciado que el precio establecido para la nueva vivienda asequible no sería realmente asequible. Estaba previsto el precio medio en 170.000 euros para un piso de nueva construcción de 90 m2, un valor que, en las zonas más tensionadas, en estos momentos sí está por debajo del valor de mercado, especialmente por tratarse de obra nueva.
Por otro lado, ya han llegado reacciones desde el mundo privado, siendo los principales disgustados los constructores. Desde la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) lamentan que la Asamblea Regional no haya convalidado el decreto, una norma que, según ellos, contenía herramientas útiles para reactivar la promoción de vivienda en un momento de “elevada necesidad social”.
Los constructores lamentan que el problema no ha estado en el contenido, sino en la gestión política. “No se ha producido el necesario diálogo previo entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios. No se ha buscado consenso. Esta forma de actuar genera frustración, paraliza soluciones y transmite inseguridad jurídica”, sentencia su presidente, José Hernández.
Más allá del acuerdo concreto, este rechazo del decreto deja a la Región de Murcia de nuevo en la casilla de salida de la gestión del grave problema de vivienda que viven sus ciudadanos y en particular sus jóvenes.
