
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) ha hecho hoy un nuevo llamamiento urgente a las administraciones españolas y europeas para suspender el contingente preferencial de aceite de oliva de Túnez, cuya entrada libre de aranceles está generando lo que la organización ha denominado “el fenómeno del aceite fantasma tunecino”: decenas de miles de toneladas de aceite que entran en la Unión Europea sin los mismos requisitos de trazabilidad, origen y controles que se exigen a los productores comunitarios, y cuyo destino final resulta opaco para consumidores, autoridades y el propio sector.
56.700 toneladas que entran sin arancel… pero desaparecen del etiquetado
Cada año, el contingente autorizado permite la entrada en la UE de hasta 56.700 toneladas de aceite de oliva virgen tunecino a granel libre de impuestos. Esta cifra, que se agota sistemáticamente al inicio del periodo gracias a un procedimiento con escasas restricciones, se suma a las exportaciones ordinarias, en un contexto en el que Túnez destina el 80% de su producción al mercado comunitario.
Sin embargo, Coag advierte de una anomalía evidente: “si España es el principal o segundo comprador de aceite tunecino, ¿por qué no aparece prácticamente en ninguna etiqueta? ¿Dónde está y cómo se comercializa ese aceite?”.
La organización señala que el aceite tunecino entra a gran volumen, pero no se identifica en los lineales ni en los productos finales, lo que indica que podría estar siendo mezclado, re-etiquetado o triangulado sin que el consumidor sea consciente del origen real del producto que compra.
Un agujero negro en la trazabilidad europea
Coag denuncia que las importaciones preferenciales desde Túnez no están sujetas a los mismos requisitos de trazabilidad y origen que deben cumplir los agricultores europeos. Mientras el sector español se enfrenta a controles exhaustivos, certificaciones y obligaciones estrictas de información al consumidor, el aceite importado a bajo coste entra en el mercado con normas más laxas, lo que genera competencia desleal frente a productores europeos, distorsión grave de los precios nacionales e internacionales, el riesgo de triangulaciones hacia terceros países, como Estados Unidos, eludiendo aranceles y una falta de transparencia para el consumidor, que desconoce realmente lo que está comprando.


