El ‘regreso’ del Santo Oficio

Hay gestos que definen muy bien una época concreta. Y luego están los despropósitos que la degradan. No se trata de la mal llamada ‘Santa’ Inquisicion, ese histórico tribunal eclesiástico creado en 1478 por los Reyes Católicos y presidido por Fray Tomás de Torquemada, primer Inquisidor General de Castilla y Aragón y famoso por su implacable objetivo de perseguir y castigar la herejía y la disidencia religiosa.

Se trata de la última ocurrencia del ‘nuevo Santo Oficio’ -la socialcomunista ‘Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica’ (ARMH), -esa organización convertida en la ‘policía politica’ del sanchismo y presidida por el periodista y sociólogo Emilio Silva, ‘nieto de un desaparecido e hijo de un trauma de la Guerra Civil’ que pretende que el Gobierno sancione al rey ‘honorífico’ -y no ‘emérito’, como indebidamente se le llama-  Juan Carlos I,  por unas palabras de respeto hacia el general Franco publicadas en su libro, ‘Reconciliación’, y que aún no se ha publicado en España. Es decir: sancionar las opiniones privadas sobre hechos historicos constatados. Actitud que, ni el mismo Orwell en persona habría imaginado en su distópica obra ‘1984’, dado el alto y cicatero nivel de control mental oficial e institucionalizado que supone.

La ARMH, disfrazada desde hace años de ONG humanitaria, ya no es más que un sectario y vengativo engranaje ideológico al servicio del Gobierno. Una especie del orwelliano y oficial ‘Ministerio de la Verdad’ dedicado a decidir qué se puede decir, qué se debe recordar y, sobre todo, qué debe odiarse. Y lo hace con lucrativas subvenciones públicas, con el aplauso del Ejecutivo y con una soberbia moral que asfixia cualquier visión oficial y plural del pasado histórico. Porque aquí ya no hablamos de fosas comunes ni de  justicia ni de reparación, sino solamente de venganzas, de odios, de juzgar opiniones y de perseguir recuerdos.

Que una asociación solicite al Gobierno castigar a un ciudadano —sea rey ‘honorífico’ o panadero— por expresar respeto por una figura histórica dice mucho de ellos. Lo grave y lo que retrata al Gobierno de Pedro Sánchez, es que haya una ‘Secretaría de Estado de Memoria Democrática’ creada especialmente para estudiar, valorar,  juzgar y sancionar esas opiniones. Eso es lo inmoral e intolerable, eso es lo que Europa observa con asombro y eso es lo que la ciudadanía --si tuviera un mínimo sentido de libertad y de justicia-- debería denunciar sin descanso.

Juan Carlos I no ha reivindicado el régimen franquista ni ha pedido el retorno de nada de aquella época. Se ha limitado a explicar algo evidente desde el punto de vista biográfico: que respetaba a quien lo designó ‘sucesor’. A la ARMH --cegada por su fanatismo y sed de venganza, que no de justicia-- esto le parece sancionable. Y al Gobierno actual, encantado siempre de dividir y reescribir su historia, también.

España ha caído en la más pura infantilización ideológica de su pasado. Ya no se puede analizar, comprender ni matizar. Solo se puede repetir el catecismo oficial del sanchismo. Y si uno se sale del guion, ahí están la ARMH, la Secretaría de Memoria Democrática, los comisarios de la corrección histórica y la brigada subvencionada de la indignación permanente para señalar, acusar, exigir e imponer castigos ejemplares.

¿Esto es memoria democrática? No. Esto es pura memoria punitiva, partidista y vengativa al servicio exclusivo de un megalómano proyecto de poder.

El objetivo no es Juan Carlos I, no es Franco, no es el pasado. El objetivo no es tampoco el presente, sino su ‘presente’. Es romper la sutura política de la Constitución para reabrir las viejas heridas, para mantener la polarización y gobernar sobre el enfrentamiento. El objetivo es dividir a los españoles entre ‘los buenos’ --que repiten el guión aprobado-- y ‘los sospechosos’ que --pueden caer en pecado-- por el simple hecho de expresar una opinión ‘histórica’ no bendecida ni avalada por Moncloa.

Mientras tanto, el país arde en sus problemas reales: la sanidad asfixiada, la seguridad nacional desbordada, los narcos campando a sus anchas por la Bahía de Cadiz, una justicia colapsada y una economía en ralentí. Pero la ARMH y Sánchez están preocupados por lo que Juan Carlos I escribe sobre Franco. Ese es ‘su nivel’.

La obsesión por purificar el pasado es siempre señal de un poder inseguro. Y este Gobierno, atrapado en sus pactos con separatistas, en sus cesiones y en sus leyes improvisadas, necesita enemigos imaginarios para distraer al país. Hoy le toca al rey emérito. Mañana será cualquiera que no encaje en su relato.

El sanchismo ha logrado resignificar la memoria: ya no sirve para comprender, sino para castigar. Ya no es una herramienta de justicia, sino un instrumento de división. La ARMH agita, Sánchez legisla y sus ministerios ejecutan. Todos con el mismo propósito: controlar no solo el presente, sino el pasado. Controlar lo que ocurrió, cómo se entiende y qué se puede decir sobre ello.

Lo que están haciendo no es memoria democrática: es censura democráticamente disfrazada.

Y que el Gobierno escuche, atienda o dé trámite a semejante petición delirante debería avergonzar a cualquier español que conserve un mínimo sentido de libertad. El día que un Estado sancione a un ciudadano por lo que piensa sobre un personaje histórico, ese país habrá dejado de ser una democracia real. Y Pedro Sánchez, con su habitual oportunismo, camina directo hacia ese precipicio.

La ARMH ha perdido el norte. El Gobierno hace tiempo perdió la vergüenza. Y España, si no despierta, perderá algo más valioso: la libertad de recordar sin permiso.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López