Seguridad, delincuencia, extranjería e inmigración

En la Región de Murcia, como en el conjunto de España y otros Estados Miembros de la UE, hablar de seguridad interior, delincuencia y extranjería se ha convertido en un debate incómodo. No porque falten datos, sino porque sobran consignas. Entre el silencio buenista y la exageración identitaria, que buscan votos y logran polarización social, se pierde lo esencial: un análisis serio que permita políticas eficaces y democráticas.

Murcia no es una excepción española, ni europea. Es, de hecho, un caso especialmente sensible por su estructura productiva, su economía estacional y su papel como territorio receptor de inmigración laboral. Precisamente por eso, el debate exige más rigor y menos ruido.

La seguridad interior engloba el conjunto de políticas públicas, marcos legales y actuaciones operativas destinadas a proteger a la población frente a delitos, violencia y amenazas al orden público. No hay seguridad legítima sin Estado de Derecho, pero tampoco hay Estado de Derecho creíble cuando la ley se incumple de forma sistemática.

La delincuencia es un fenómeno multifactorial. En determinados contextos, especialmente allí donde el Estado es débil o incoherente, puede cristalizar una cultura delictiva, una forma de vida aprendida, transmitida y normalizada en entornos donde el delito se percibe como opción racional o incluso inevitable.

Hablar de esta dimensión cultural es reconocer que cuando la legalidad pierde valor social, la delincuencia deja de ser una excepción y se convierte en estrategia de supervivencia o de estatus.

La Ineludible Distinción entre Extranjería e Inmigración

Una de las mayores distorsiones del debate público surge cuando se utilizan como sinónimos conceptos que no lo son. Confundir extranjería con inmigración no solo empobrece el debate: alimenta prejuicios y debilita la política pública.

La extranjería es, ante todo, una condición jurídica: hace referencia a la nacionalidad de una persona o a su estatus legal respecto al Estado en el que reside. La inmigración, en cambio, es un proceso demográfico: el desplazamiento de personas entre países por motivos laborales, familiares, educativos o humanitarios.

En las estadísticas oficiales, cuando los datos lo permiten, se distingue entre extranjeros comunitarios —ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea— y extranjeros extracomunitarios, sometidos a regímenes jurídicos distintos.

Inmigración no es Inseguridad, su Mala Gestión SI

Cuando una parte relevante de la población trabajadora vive en un limbo legal —ni plenamente regularizada ni efectivamente retornada— el Estado pierde capacidad de control y de integración. Y cuando el Estado pierde control, aparecen disfunciones también en materia de seguridad.

Los datos nacionales muestran una sobrerrepresentación estadística de personas extranjeras en las condenas penales. Este patrón existe en España y en otros países de la UE. Negarlo no es progresista: es irresponsable. Admitirlo no es racismo: es responsabilidad para solucionar el problema. En términos sencillos: no es la inmigración que genera problemas de seguridiad sino la inmigración mal gestionada.

El Delito como Estrategia de Supervivencia

En determinados entornos, la combinación de irregularidad prolongada, falta de ingresos estables y ausencia de control efectivo favorece la aparición de conductas delictivas de baja y media intensidad: hurtos, tráfico menor, falsedad documental, reincidencia administrativa. No como rasgo cultural, sino como estrategia de supervivencia.

Negar esta realidad no protege a los inmigrantes honestos —que son mayoría— ni mejora la convivencia en barrios y municipios donde la presión social es mayor. Al contrario: entrega el relato a los extremos.

Murcia: Inmigración,  Economía, Empleo y Seguridad

La Región de Murcia concentra un volumen significativo de inmigración vinculado a la agricultura intensiva, el sector agroalimentario, la construcción y los servicios. Según el Informe del Mercado de Trabajo del SEPE basado en el padrón del INE, el 15,4 % de la población residente es extranjera, con casi el 90 % extracomunitarios. El número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social ha aumentado más de un 40 % en la última década, superando 107.000 cotizantes en 2025. En sectores tradicionales como la agricultura, en algunas comarcas hasta el 60 % de la mano de obra es extranjera, lo que evidencia que sin estos trabajadores la economía regional no sería viable.

La delincuencia, en cambio, sigue patrones multifactoriales. En Murcia, según el INE, en 2023 había 9.410 adultos condenados, de los cuales 2.860 eran extranjeros, con una tasa de 10,6 por cada 1.000 habitantes, superior a la media nacional. Este patrón refleja factores socioeconómicos, edad y vulnerabilidad, no causalidad directa por nacionalidad.

En cuanto a los delincuentes comunitarios, la UE garantiza que cumplan condena dentro del espacio europeo mediante órdenes de detención europeas y traslados judiciales, como ha ocurrido con nacionales franceses o rumanos, asegurando justicia coordinada, derechos respetados y cooperación efectiva.

El problema se intensifica con las órdenes de expulsión no ejecutadas. En Murcia, 2.760 expedientes de expulsión fueron tramitados en 2023, frente a 3.642 en 2022, y muchas de estas órdenes no se materializan por falta de cooperación de países de origen, recursos judiciales o trabas administrativas, dejando a personas en un limbo jurídico. Para cerrar el ciclo condena → reinserción → retorno, se necesitan acuerdos bilaterales sólidos, cooperación con terceros países cuando la bilateralidad no sea posible y coordinación europea mediante instrumentos como la Orden Europea de Retorno y el nuevo Reglamento de Retorno de 2025, siempre respetando derechos humanos.

Delincuentes de la UE

En la Unión Europea, los ciudadanos comunitarios que cometen delitos en otro Estado miembro no son expulsados fuera del espacio europeo: cumplen justicia dentro del marco comunitario, gracias a instrumentos como la Orden de Detención Europea (ODE), que permite a los jueces españoles pedir a otro país de la UE la detención y entrega de un presunto delincuente de manera rápida y eficaz.

Este enfoque demuestra que la cooperación judicial europea no solo refuerza la seguridad, sino también la mutua confianza entre sistemas legales, garantizando que la justicia se cumpla sin necesidad de expulsión más allá de la UE y con pleno respeto a los derechos del procesado.

Países de Origen Rechazan a sus Nacionales Expulsados

Mejorar la eficacia de las expulsiones implica más que emitir órdenes y decisiones judiciales: exige cooperación internacional efectiva. En la práctica, esa cooperación no siempre existe, y eso genera obstáculos reales al retorno.

Aunque el Derecho internacional y los acuerdos (como el Acuerdo de Readmisión UE‑EURA y los acuerdos bilaterales) establecen la obligación de los países de origen de admitir a sus ciudadanos expulsados, la realidad es que muchos Estados no cumplen efectivamente esa obligación, o lo hacen en porcentajes muy bajos.

Marruecos acepta menos del 10 % de las órdenes de expulsión, y otros como Malí, Guinea o Costa de Marfil muestran cifras similares. Esto significa que numerosas expulsiones quedan sin ejecución efectiva, al no poder completarse la readmisión por falta de cooperación.

Soluciones Alternativas al Rechazo con Terceros Países

Cuando un país de origen rechaza recibir a sus nacionales expulsados, los Estados europeos recurren a terceros países. Una opción son acuerdos con países de tránsito, que facilitan temporalmente la recepción de personas que han pasado por ellos; su eficacia depende de la voluntad política y rara vez se justifica jurídicamente, pues los retornados no son nacionales del país receptor.

 Otra alternativa debatida por la UE son los centros de retorno fuera del territorio comunitario, donde los expulsados esperarían su salida definitiva hacia su país de origen o uno que los acepte. Italia ha explorado estos mecanismos, aunque han sido controvertidos y judicialmente impugnados.

El nuevo Reglamento de Retorno europeo aprobado en diciembre de 2025 introduce mecanismos para coordinar con terceros países la gestión de retornos, garantizando que las personas con órdenes de expulsión sean trasladadas de manera legal y segura cuando su país de origen no coopere.

Aún no existen prácticas estandarizadas ni experiencias consolidadas, por lo que la aplicación efectiva dependerá de la voluntad política de los Estados y de la coordinación administrativa entre la UE y terceros países.

Conclusiones con Realismo y sin Concesiones

La Región de Murcia, España y la UE no pueden seguir jugando al despiste: la inmigración es real, estable y estructural, con aportes esenciales a ña economía, las empresas, mercado laboral y desafíos tangibles en empleo, integración y justicia penal. Negarlo o simplificarlo es comprometer la seguridad, la cohesión social y la credibilidad de las instituciones.

La política pública tiene dos prioridades ineludibles: ordenar y agilizar la extranjería, con canales claros de regularización y mecanismos de integración que reduzcan la vulnerabilidad; y garantizar que las expulsiones y la justicia funcionen, mediante acuerdos bilaterales sólidos o cooperación con terceros países cuando la bilateralidad sea imposible, cerrando el ciclo condena → reinserción → retorno.

Para que esto funcione, no bastan órdenes firmadas: hacen falta acuerdos respetados con países de origen, cooperación diplomática con terceros y mecanismos comunitarios coordinados, como la Orden Europea de Retorno y futuros instrumentos de la UE. Sin ello, las expulsiones quedan en papel y la seguridad jurídica y ciudadana se debilita.

Mientras las instituciones no actúen con claridad normativa y capacidad operativa, la desigualdad se profundiza y las tensiones sociales se agravan. En Murcia, donde la inmigración forma parte del tejido económico y social, la política no puede ser reactiva ni discursiva: debe ser estratégica, basada en datos y orientada a resultados concretos. No hay margen para la improvisación: o la ley funciona, o la convivencia se resiente.