Reflexiones con motivo del accidente ferroviario de Adamuz

El Gobierno ha decidido que el dinero de los españoles viaje mejor que los propios españoles. Mientras concede 247 millones de euros a Marruecos y Uzbekistán para mejorar sus trenes y tranvías, en España las vías envejecen, el mantenimiento se aplaza y la seguridad ferroviaria se convierte en una partida secundaria. Esa política cínica y profundamente irresponsable tuvo ayer una consecuencia brutal: un grave y mortal accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda que el Ejecutivo se empeña en negar: el abandono, la desidia y la irresponsabilidad matan.

No estamos ante una fatalidad imprevisible ni ante un simple error técnico. Adamuz no es una anomalía, es el resultado lógico de una forma de gobernar que prioriza el gesto político exterior, la propaganda internacional y el aplauso diplomático, frente a la obligación básica de facilitar y de proteger la vida de sus ciudadanos. El ministro de Transportes -Oscar Puente-  comparecerá, expresará condolencias, prometerá investigaciones y pedirá paciencia. Es el guión de siempre. Pero lo ocurrido este domingo no se resuelve con palabras huecas ni con minutos de silencio. Se resuelve con responsabilidades políticas, penales y con su dimisión o cese.

España presume de alta velocidad y de trenes “de última generación”, pero la realidad cotidiana es muy distinta. Buena parte de la red ferroviaria arrastra déficits históricos en mantenimiento, señalización, control y modernización. Los técnicos lo saben, los trabajadores lo saben y el Ministerio lo sabe. Los informes existen. Las advertencias también. Lo que no ha existido es la voluntad política de poner la seguridad por delante del relato. Es mucho más  rentable inaugurar, anunciar y financiar proyectos fuera que invertir de forma constante, silenciosa y rigurosa en lo que no da titulares pero si seguridad y bienestar.

Por eso resulta obsceno que, mientras se alegan limitaciones presupuestarias para renovar tramos de vias de alta velocidad, mejorar sistemas de seguridad o reforzar inspecciones, se destinen cientos de millones a infraestructuras ferroviarias en otros países. No es cooperación, es irresponsabilidad y no es solidaridad, sino  desprecio. Ningún Gobierno serio prioriza trenes ajenos cuando los propios presentan carencias graves y críticas. Ningún ministro decente puede justificar que haya dinero para tranvías en el extranjero y no para garantizar que un tren en Andalucía llegue a su destino sin segar vidas por el camino.

El accidente de Adamuz ha dejado muertos y heridos. Ha destrozado familias. Ha sembrado miedo y rabia. Y ha evidenciado, una vez más, que el ferrocarril español se gestiona desde los despachos y no desde la realidad del terreno. Cada traviesa sin revisar, cada sistema obsoleto, cada mantenimiento pospuesto es una decisión política. No una casualidad. No un infortunio. Una decisión. Y quien decide, responde y debe pagar las consecuencias.

El ministro de Transportes es el máximo responsable de esa cadena de decisiones. No por estar al mando el día del accidente, sino por haber permitido un modelo en el que la seguridad es secundaria. Por aceptar presupuestos que sacrifican mantenimiento. Por mirar hacia otro lado cuando se alertaba de riesgos. Por convertir el ferrocarril en un escaparate ideológico y no en un servicio público esencial. En cualquier democracia madura, un accidente mortal de esta magnitud provocaría dimisiones inmediatas. Aquí provoca, una vez más , excusas.

Adamuz debería ser un punto de inflexión, pero el Gobierno parece decidido a que no lo sea. La reacción oficial apunta a lo de siempre: investigación interna, comisión, conclusiones dentro de meses y ninguna consecuencia política real. Mientras tanto, el ministro seguirá en su despacho y el Ejecutivo seguirá presumiendo de inversiones exteriores. Como si nada. Como si los muertos fueran un daño colateral más y asumible.

No lo son. Y no pueden serlo. Porque cada euro enviado fuera mientras nuestras vías se deterioran es una traición al contribuyente. Cada informe ignorado es una negligencia. Y cada día que pasa sin asumir responsabilidades es una humillación para las víctimas. El ferrocarril no es un juguete ideológico ni un instrumento de propaganda. Es una crítica  infraestructura  que exige rigor, inversión sostenida y respeto absoluto por la vida humana.

La tragedia de Adamuz desnuda a este Gobierno. Lo deja sin coartadas. No vale hablar de modernidad cuando se abandona lo esencial. No vale presumir de sostenibilidad cuando se descuida la seguridad. No vale repartir millones fuera cuando aquí se recorta en lo que salva vidas. El problema no es técnico, es moral y político. Y la respuesta no puede ser administrativa, sino política e incluso penal .

El final es tan duro como evidente: este accidente no es solo una desgracia, es una factura. La factura de años de prioridades equivocadas, de propaganda frente a prevención, de diplomacia frente a responsabilidad. Y esa factura tiene un nombre y un cargo. Si el ministro de Transportes y el Gobierno no asumen consecuencias, quedará claro que, para ellos, los trenes de fuera importan más que las vidas de dentro... pero eso, por desgracia, ya lo sabíamos. 

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López