Apenas 48 horas después de que la mayoría del Congreso tumbara el decreto ómnibus que había presentado el Gobierno para su convalidación, las consecuencias no se han hecho esperar. En los Juzgados de Murcia ya se han vivido este jueves algunos momentos de tensión cuando una letrada de la administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) se ha opuesto con rotundidad a dilatar un proceso que hubiese evitado el más que inminente desahucio de una familia vulnerable.
Testigos del hecho, y así lo ha ratificado la abogada de la familia, coinciden en señalar en que la actitud de la funcionaria “ha sido de todo, menos humana”. Y que ha defendido su negativa alegando “que se limita a cumplir la Ley”.
El decreto-ley no aprobado contemplaba una prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de las viviendas a las familias vulnerables sin alternativa habitacional. De esta forma quedaba suspendida una medida aprobada en plena pandemia de covid.
La prohibición de desalojar a arrendatarios de vivienda en situación vulnerable se aprobó en marzo de 2020, y su objetivo era proteger a estas familias que, a consecuencia de los confinamientos, ertes y eres en las empresas, veían cómo mermaban o desparecían sus ingresos. La medida ha venido prorrogándose desde aquel momento, y la nueva prórroga se contemplaba en el decreto firmado el pasado diciembre y ahora no convalidado.
Desde el pasado miércoles los jueces pueden reactivar los procesos de desahucio que habían quedado en suspenso; y los letrados de justicia fijar la fecha de los lanzamientos (desalojos). Fuentes del Observatorio Desc (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cifran en torno a los 60.000 los procesos abiertos.
En el caso de la familia de Murcia se trata de una unidad familiar compuesta por los dos padres y tres menores de edad, uno de ellos con discapacidad. Su abogada, Dolores Pellicer, presentó en enero un recurso de reposición a la sentencia de desahucio, alegando la situación de vulnerabilidad de la familia. Además, tampoco constaba ninguna alternativa a la vivienda de la que van a ser desalojados.
Este recurso aún no se ha resuelto, pero sí se ha determinado que el lanzamiento se producirá el 19 de febrero, lo que -sostiene la abogada- sería un hecho irreversible antes de resolverse el recurso y sin que se haya efectuado una ponderación real y efectiva de la situación en la que quedaría la familia.
La representante de la familia ha solicitado al juzgado competente que suspenda el lanzamiento que, de producirse, generaría “una situación irreversible” provocando un “perjuicio irreparable”, al tiempo que se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva y del interés de los menores.