Uno de los helicópteros de Rotorsun al servicio regional de emergencias 112
Personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, junto a técnicos del Servicio Regional de Defensa de la Competencia, inspeccionaron recientemente en Águilas la sede de la empresa aérea Rotorsun, dentro de una investigación nacional sobre un posible cártel aéreo. O, lo que es lo mismo, la CNMC trata de averiguar si empresas aéreas distribuidas por el todo el país se reparten contratos públicos en España para la prevención y extinción de incendios, transporte sanitario, y búsqueda y salvamento.
En el caso de la empresa murciana, ha trabajado para servicios de emergencias en la Región, el ministerio de Agricultura, la Comunidad Valenciana, Aragón y las diputaciones de Valencia y Alicante, según figura en su propia página web.
Competencia subraya que esta inspección, como otras realizadas en Avincis, Pegasus, Eliance y otras, es un paso preliminar en la investigación y no prejuzga su resultado final ni la culpabilidad de las empresas. “Si a raíz de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas, se incoará un expediente sancionador”.
Rotorsur, además de destacar su participación en licitaciones públicas en Murcia y otras provincias del Levante, también concentra parte de su actividad en el norte y noroeste de España, según publica el periódico El Economista.
En otros casos de cárteles, las empresas implicadas alcanzaban acuerdos de reparto de mercado, fijación de precios, intercambio de información sensible o pactos de no captación de empleados de otras compañías, lo que está expresamente prohibido en las leyes de Defensa de la Competencia.
Rotorsun, que además de servicios de emergencia también realiza trabajos agrícolas, transporte o fotografía aérea, y forma parte de al menos tres uniones temporales de empresas, registró en 2024 un volumen de facturación de 22 millones de euros, con unos beneficios de 1,1 millones.