Inmigración funcional, sí. Inmigración disfuncional, no

Hay debates que no se estropean por exceso de complejidad, sino por falta de honestidad. La inmigración es uno de ellos. En España —y, en general, en Europa— se discute como si se tratara de una batalla moral entre buenos y malos, cuando en realidad es un problema estructural de Estado, íntimamente ligado al funcionamiento del mercado laboral, a la sostenibilidad del sistema de bienestar y a la cohesión social.

La inmigración no es un fenómeno coyuntural ni una moda ideológica: es una variable permanente del capitalismo avanzado, de las economías abiertas y de las sociedades envejecidas. Pretender gestionarla con consignas emocionales equivale a intentar dirigir la política monetaria con eslóganes. El resultado es siempre el mismo: desorden, frustración y desgaste institucional.

España afronta en estos momentos un nuevo proceso de regularización en un clima político dominado por la polarización, la exageración y la memoria selectiva. Conviene empezar por un hecho incómodo para casi todos los actores del debate: todos los gobiernos del PSOE y PP han llevado a cabo regularizaciones migratorias, con la excepción del Gobierno de Mariano Rajoy, condicionado por la mayor crisis económica desde la Transición, el colapso del empleo y una contracción brutal de la actividad productiva.

No fue una decisión ideológica ni un viraje doctrinal restrictivo, sino una medida defensiva impuesta por la realidad económica del momento. Negarlo equivale a reescribir la historia reciente con fines instrumentales y a alimentar un clima de ruido político en el que los extremos —de uno y otro signo— encuentran terreno fértil para el enfrentamiento interno, mientras los grandes partidos, atrapados en la lógica del corto plazo y del relato, renuncian a ofrecer una explicación adulta y responsable al país.

Inmigración: una cuestión de Estado, no de trincheras

La primera tarea de una política migratoria madura es nombrar las cosas correctamente. Y la primera verdad incómoda es esta: no toda inmigración es igual ni produce los mismos efectos. Insistir en que cualquier distinción es sospechosa conduce a políticas ciegas, y las políticas ciegas siempre terminan perjudicando a los más débiles.

“Inmigración, sí —especialmente la necesaria. Inmigración innecesaria, no.” Esta afirmación no divide; ordena. No clasifica personas por su origen, sino flujos por su función dentro del sistema económico, social, cultural e institucional del Estado receptor.

Desde la ciencia política y la economía pública, la inmigración puede analizarse como funcional, cuando refuerza los objetivos estructurales del país, o disfuncional, cuando los debilita o los tensiona. La diferencia no es moral, sino operativa. Y gobernar consiste precisamente en tomar decisiones operativas que preserven el interés general sin vulnerar derechos fundamentales.

Compatibilidad e integración hacia la plena pertenencia

Aquí aparece un elemento deliberadamente distorsionado en el debate público: la compatibilidad cultural. No hablamos de etnia ni de identidad esencialista. Hablamos de: idioma, normas sociales, relación con el trabajo., aceptación del Estado de derecho, concepción de la vida cívica, usos y costumbres, sistemas de creencias.

La experiencia española con la inmigración hispanoamericana es paradigmática. La lengua común, los códigos culturales compartidos y una concepción del trabajo compatible con las normas europeas permiten una integración rápida, con bajos costes institucionales y alta contribución social. Sin ningún tipo de idealización, ni mística hispanoamericana se puede afirmar que la tendencia general en este caso es que la inmigración no fragmenta: consolida.

Niveles de compatibilidad con el mercado de trabajo y perfiles profesionales

La eficiencia económica de la migración se mide por su contribución funcional al mercado laboral:

Grado A — Alta compatibilidad funcional: Inserción laboral rápida, convergencia educativa y contribución fiscal neta inmediata. Ejemplos: ingenieros y médicos latinoamericanos en España.

Grado B — Compatibilidad funcional media: Inserción progresiva, dependencia inicial de políticas sociales y movilidad ascendente posible. Ejemplos: trabajadores rumanos o marroquíes en sectores estratégicos de la economía europea.

Grado C — Compatibilidad funcional baja: Desempleo estructural, brecha educativa persistente y transmisión intergeneracional de exclusión. Ejemplos: migrantes procedentes de regiones en conflicto con sistemas educativos o laborales incompatibles con normas europeas.

Niveles de compatibilidad con la cultura jurídica

La integración efectiva depende en gran medida de la compatibilidad entre los valores y prácticas socioculturales del migrante y el orden constitucional del Estado receptor. Se identifican cuatro niveles:

Nivel A — Compatibilidad plena: Migrantes cuyos valores y prácticas convergen con el orden constitucional europeo, aceptando el Estado de Derecho, la supremacía de la ley civil, la igualdad de género, la libertad ideológica y la resolución pacífica de conflictos. La integración es directa, con alta seguridad jurídica y bajo coste institucional.

Nivel B — Compatibilidad condicionada: Existe convergencia general, pero con disonancias parciales, como roles tradicionales de género o autoridad comunitaria fuerte. La integración es viable mediante políticas públicas progresivas, mediación intercultural y aplicación proporcional de normas.

Nivel C — Compatibilidad conflictiva: Se detectan choques recurrentes con principios constitucionales esenciales, como subordinación de la ley civil a normas religiosas o tradicionales y dificultades para aceptar el pluralismo. La integración requiere intervención estatal frecuente y existe riesgo de fragmentación normativa.

Nivel D — Incompatibilidad estructural: La incompatibilidad es sustantiva con los valores nucleares del orden jurídico europeo. Se manifiesta en rechazo del Estado de Derecho, supremacía de normas no democráticas o negación de derechos fundamentales. La integración es inviable, y la UE puede justificar restricciones conforme a derecho.

Niveles de compatibilidad con la cultura cívica

La cohesión social depende también de la afinidad cívica de los migrantes con el país receptor:

Nivel A — Cultura cívica convergente: Alta confianza institucional, participación democrática e individualismo responsable. La cohesión social es máxima.

Nivel B — Cultura cívica adaptable: Identidad comunitaria fuerte, aprendizaje progresivo de normas cívicas y socialización institucional efectiva. La cohesión se alcanza mediante políticas públicas activas.

Nivel C — Cultura cívica paralela: Redes sociales cerradas, normas informales propias y baja interacción institucional. Existe riesgo de guetización.

Nivel D — Cultura cívica antagónica: Rechazo de normas comunes, identidad en oposición al sistema y conflicto simbólico o normativo. Riesgo sistémico elevado.

Cuando la migración se vuelve disfuncional

Negar que existen flujos migratorios problemáticos no es progresismo: es ceguera política. La inmigración innecesaria no es la inmigración pobre, ni la inmigración vulnerable, ni la inmigración que huye de la guerra. Es aquella que no responde a necesidades económicas, carece de itinerarios reales de integración y termina atrapada en la irregularidad estructural.

Los efectos son conocidos:

Saturación de servicios públicos: La llegada desordenada y masiva de población sin inserción laboral efectiva tensiona los sistemas sanitarios, educativos y sociales, especialmente en municipios con recursos limitados. Esto genera conflictos distributivos y percepciones de injusticia que erosionan la cohesión social.

Economía sumergida, explotación o esclavitud: La irregularidad no protege al migrante: lo expone. Trabajo informal, salarios de miseria, ausencia de derechos y dependencia de redes opacas. Un Estado que tolera esta situación no es más humano: es más débil.

Fragmentación social y normas paralelas: Donde el Estado no integra, surgen normas paralelas. Guetización, aislamiento comunitario y desconfianza institucional no son fallos culturales innatos, sino fallos de política pública.

Erosión del contrato social: Cuando una parte significativa de la población queda fuera de las reglas fiscales y laborales, el sistema entero se resiente. No es solo un problema económico, sino de equidad democrática.

Expulsiones no ejecutadas, reincidencia delictiva y retornos rechazados

Uno de los puntos más frágiles de la política migratoria española y europea es la brecha entre la decisión administrativa y su ejecución efectiva. Las órdenes de expulsión no ejecutadas, la reincidencia asociada a la irregularidad prolongada y el rechazo de los países de origen a readmitir a sus nacionales configuran un problema estructural de seguridad jurídica, seguridad pública y credibilidad del Estado.

Cuando una expulsión firme no se cumple, se genera un limbo administrativo: la persona afectada no puede integrarse legalmente ni es retornada, perjudicando a la sociedad, a los migrantes que cumplen la ley y al propio individuo. La negativa recurrente de los países de origen —por dilaciones, cuestionamiento de la nacionalidad o falta de cooperación— bloquea la política de retornos incluso cuando existen resoluciones firmes y garantías jurídicas.

El efecto práctico es claro: se erosiona el efecto disuasorio del sistema, se traslada al Estado receptor el coste de gestionar población irregular y se abre espacio a las mafias de tráfico, que presentan la irregularidad como tolerada. La reincidencia delictiva no es un rasgo inherente de la inmigración, sino consecuencia de trayectorias prolongadas de exclusión y economía informal.

Inmigración incompatible y bloqueo institucional

Los problemas de reincidencia, órdenes de expulsión no ejecutadas, retornos rechazados y actividad de mafias se concentran mayoritariamente en flujos de inmigración innecesaria y disfuncional desde el punto de vista económico, cívico y jurídico. No es un juicio moral ni cultural: cuando la inmigración no responde a necesidades reales del mercado laboral, carece de vías legales de inserción y presenta déficits de compatibilidad institucional, la irregularidad deja de ser transitoria y se convierte en estructural.

La incompatibilidad es funcional e institucional, no étnica ni nacional. Surge cuando no se acepta el Estado de derecho, se normaliza la economía informal o los países de origen no asumen su responsabilidad en los retornos. En esos casos, la integración fracasa por condiciones objetivas, no por falta de voluntad política.

La evidencia muestra que la inmigración laboral regular, con formación y criterios de necesidad económica, presenta menor reincidencia, mayor estabilidad y mayor contribución fiscal. Por el contrario, los flujos irregulares y prolongados concentran costes sociales, de seguridad y de legitimidad institucional.

Vincular estos problemas a la inmigración innecesaria e incompatible no estigmatiza: distingue. Gobernar significa diferenciar lo integrable de lo no integrable, lo funcional de lo disfuncional y lo compatible con el Estado de derecho de lo que lo erosiona. Negar esta distinción protege a las mafias; asumirla hace la política migratoria gobernable.