Aunque existen desde los años sesenta coincidiendo con el boom turístico que surge en España, su auge como fenómeno masivo y regulado se produjo tras la crisis inmobiliaria de 2028. Se trata de las viviendas de uso turístico, un fenómeno que en el mundo comenzó a expandirse tras la creación en Estados Unidos de la plataforma Airbnb en 2007 y que recaló en España en 2009. No obstante, en este país no comienza a extenderse de forma masiva hasta el final de la década de 2010 y es a partir de 2020 cuando se acelera.
Es precisamente ese año cuando el propio Instituto Nacional de Estadística comienza a publicar una estimación del número de alojamientos de vivienda turística que hay en España.
Para obtener la información, el INE rastrea los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España, Airbnb, Booking.com y Vrbo que, al menos por imperativo legal, ya deberían haber eliminado de sus bases de datos las viviendas turísticas ilegales, aquellas que no han obtenido el correspondiente registro para esa actividad.
Tras, supuestamente, haberse hecho la ‘limpieza’ de ilegales, a finales del pasado año había en la Región de Murcia 5.621 alojamientos de este tipo que ofrecían 28.991 plazas. En ambos casos son un 35% menos que en mayo de 2024, cuando se alcanzó un máximo de 8.646 viviendas y 44.183 plazas.
Si hace año y medio las viviendas turísticas eran el 1,02% del parque de viviendas regional, a finales del de 2025 representaban el 0,67%.
Esa ‘pérdida’ o ‘limpieza’ de alojamientos ilegales también se ha producido en el conjunto de España, si bien los porcentajes son inferiores. En mayo de 2024 se contabilizaban en el país 403.267 con 2,025 millones de plazas; y en el noviembre de 2025 el número se había reducido a 329.764 y 1,6 millones de plazas, en números redondos un 20% menos. Sobre el total de viviendas del país, las turísticas representan el 1,24%.