Regularizaciones: España entre la necesidad y la farsa

Hoy la política española no guía al país: lo narcotiza. No gobierna: gesticula. No construye consensos: fabrica trincheras. Ha sustituido el acuerdo por el foco, la estrategia por el tuit, y el Estado por una campaña permanente. Y en ningún terreno se percibe con mayor crudeza esta degradación que en el gran asunto estructural del siglo XXI: la inmigración, convertida aquí no en política de Estado, sino en mercancía electoral, en chantaje parlamentario y en teatro moral de saldo.

España no ha sostenido su modelo económico sin inmigración. Eso es un hecho. Lo que sí ha hecho —y aquí empieza el verdadero escándalo— es utilizar la inmigración con una disciplina casi suicida como combustible de confrontación pública: un enfrentamiento artificial, hipócrita, polarizado, diseñado para excitar al votante y anestesiar al ciudadano. No se gobierna con cifras, se gobierna con eslóganes. No se decide con responsabilidad, se improvisa con cálculo.

Y esto no es un elogio sentimental a Felipe González. Es una constatación política: desde que dejó el poder, España ha vivido una desertificación de estadistas.  La clase política española suspende con estrépito. Ha convertido lo que debería ser una Política de Estado sobre inmigración en un mercado de favores y consignas. Y mientras el país necesita orden, control, integración, cooperación internacional y una planificación seria, lo que recibe es propaganda: un día discurso humanitario de pancarta; al siguiente, demagogia de frontera.

Felipe González: Dos Regularizaciones, Un Solo Método — Estado, Realidad y Orden (1986 y 1991)

Felipe González impulsó dos regularizaciones extraordinarias: la primera en el periodo 1985–1986, y la segunda en 1991–1992. En conjunto, ambas operaciones supusieron aproximadamente 174.011 personas regularizadas. Pero el dato, siendo importante, no es lo esencial. Lo decisivo fue el enfoque: no hubo histeria, no hubo propaganda, no hubo sermón. Hubo Estado.

La primera gran regularización de la democracia española (1985–1986) fue una decisión inevitable de gobierno. España acababa de incorporarse a la Comunidad Económica Europea y no podía permitirse un lujo suicida: gestionar la inmigración con improvisación, arbitrariedad o ceguera estadística. Había que ordenar la realidad. Y se ordenó.

Este proceso se apoyó en la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (BOE núm. 158, de 3 de julio de 1985). Conviene subrayarlo con precisión jurídica: no se trató de una regularización nacida de un Real Decreto cerrado y teatral, como ocurriría después. Se articuló mediante actuaciones administrativas y acuerdos gubernamentales, dictados al amparo de la ley orgánica y de su normativa de desarrollo. Es decir: no fue una maniobra de escaparate, sino una operación de orden público y orden institucional.

Los requisitos, en términos materiales, se sostuvieron sobre dos pilares que deberían ser permanentes en cualquier política migratoria mínimamente adulta: arraigo temporal y control de seguridad.

En primer lugar, se exigía acreditar residencia efectiva en España con anterioridad al 24 de julio de 1985. En segundo lugar, se aplicó el filtro que separa al Estado serio del Estado decorativo: la exclusión por razones de orden público y seguridad, en coherencia con el espíritu de la Ley Orgánica 7/1985. En la práctica administrativa, se exigió también la ausencia de antecedentes penales. Fue una regularización sin aspavientos: sin épica de cartón, sin propaganda emocional, sin polarización artificial.

Y hubo un tercer elemento clave, absolutamente necesario en su esencia: la conexión con el trabajo. El requisito central fue la acreditación de una relación laboral: se exigía actividad continuada o bien oferta de empleo regular y estable. En resumen: aquella regularización no fue una concesión. Fue un acto de autoridad racional.

Aznar: Tres Regularizaciones y la Gran Hipocresía Nacional — Mucho Muro en el Micrófono, Muchas Llaves en el BOE

José María Aznar perfeccionó un arte típicamente español: hablar como centinela y gobernar como contable. Su especialidad consistía en pronunciar “mano dura” con voz de mariscal, mientras firmaba “mano práctica” con pluma administrativa. En la tribuna, acero. En el BOE, mantequilla. Durante sus gobiernos se aprobaron tres regularizaciones extraordinarias —1996, 2000 y 2001— que otorgaron al menos 524.621 autorizaciones de residencia y trabajo a inmigrantes en situación irregular. Traducido al castellano político: Aznar prometía cerrar la puerta… y terminó repartiendo llaves.

Los gobiernos de Aznar fueron una exhibición impecable de la vieja tradición nacional: predicar control en el atril y firmar regularización en el BOE. En público, firmeza. En privado, pragmatismo. En campaña, frontera.

Porque España puede fingir muchas cosas, pero no puede fingir una: que su modelo productivo necesitaba brazos. Y cuando un país necesita brazos, los discursos se convierten en literatura y las regularizaciones en administración pura.

La primera regularización bajo Aznar, la de 1996, fue el ejemplo perfecto de su método: firmeza retórica y pragmatismo administrativo. El procedimiento se articuló mediante el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero. Es decir: el discurso decía “orden”, pero el decreto decía “absorción”.

La regularización de 2000 fue directamente un ejercicio de malabarismo legal y pragmatismo calculado, ejecutado mediante el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero. Fue una operación quirúrgica para evitar que la economía se asfixiara mientras el gobierno seguía vendiendo la ficción del control absoluto.

La tercera, en 2001, fue un movimiento de extensión táctica y equilibrios jurídicos, instrumentado a través del Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero. Otra vuelta de tuerca. Otro reconocimiento silencioso de que la irregularidad masiva no se combate con discursos, sino con gestión.

El resultado final es demoledor: tres regularizaciones, más de medio millón de autorizaciones, y un relato público que insistía en lo contrario.  Aznar, en resumen, no fue el gran arquitecto del control migratorio. Fue el gran exponente del doble lenguaje: duro en la televisión, blando en la administración.

Zapatero 2005: La Gran Amnistía Disfrazada — Papeles para Hoy, Problemas para Mañana

José Luis Rodríguez Zapatero ejecutó en 2005 la regularización más masiva y políticamente explosiva de la democracia española. Según un documento oficial del Gobierno, en el resumen publicado por La Moncloa, aquella operación alcanzó 576.506 personas. No fue una regularización: fue una inundación administrativa. No fue una medida quirúrgica: fue abrir las compuertas.

La cifra era tan descomunal que el país no lo percibió como gestión. La ley podrá estar bien redactada, pero la percepción pública tiene una brutalidad propia: o manda el Estado, o manda la sensación de que el Estado se rinde.

El proceso, desde luego, se vistió con toga jurídica y solemnidad burocrática. Se articuló sobre el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, publicado en el BOE en 2005, y se desarrolló mediante la Orden PRE/140/2005.

Y aquí llegó el problema: fue una política reactiva, no estructural. No resolvió lo que debía resolver un gobierno serio: control real de flujos, cooperación eficaz con países de origen, retornos ejecutables, inspección laboral constante y una arquitectura de Estado capaz de impedir que el sistema volviera a pudrirse al año siguiente.

El modelo descansaba en que el empresario ofreciera contrato. Sobre el papel parecía sensato. En la realidad, fue abrir una puerta oscura: abusos, chantajes, contratos ficticios, compraventa de papeles, redes de intermediación, y una industria parasitaria montada alrededor del sello administrativo. En resumen: Zapatero repartió papeles como quien reparte calma… pero dejó intacta la fábrica del caos. Y cuando el Estado entrega documentos sin imponer orden, el mensaje final no es humanidad: es debilidad.

Mariano Rajoy 2008–2018: La Regularización de Puntillas — Hipocresía Técnica y Silencio Administrativo

Rajoy no hizo una gran regularización con titulares. Hizo algo más español, más discreto y más peligroso: regularizar en silencio mientras fingía firmeza. Su estilo fue el de siempre: hablar poco, prometer control, y dejar que el sistema siguiera funcionando por inercia. Un gobierno que no quería el escándalo de una regularización masiva… pero tampoco quería el coste económico de no regularizar.

Los datos oficiales del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) sitúan el volumen de esta regularización soterrada entre 150.000 y 250.000 personas. No hubo un gran anuncio. No hubo rueda de prensa épica. No hubo choque frontal con la opinión pública. Hubo, simplemente, la vieja fórmula del poder cobarde: hacerlo, pero sin decirlo.

El Ejecutivo recurrió a una regularización continuada e individualizada mediante los mecanismos ordinarios previstos en la legislación vigente. Su base jurídica fue la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y el Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 557/2011, que desarrollaba procedimientos de residencia, trabajo y arraigo.

Rajoy no hizo una gran regularización porque no quiso pagar el coste político de la verdad. Prefirió el método del susurro: una regularización permanente, silenciosa, sin discurso y sin estrategia, como quien barre el polvo bajo la alfombra mientras asegura que la casa está limpia.

Pedro Sánchez: Regularizar con Catástrofes, Gobernar con Propaganda (2024–2026)

Pedro Sánchez no gobierna: administra titulares. No dirige un país: dirige un relato. Y en materia migratoria ha llevado esa técnica a su máxima perfección: convertir lo excepcional en costumbre, lo urgente en coartada y lo estructural en espectáculo. Con él, la inmigración no se trata como política de Estado, sino como combustible parlamentario, como arma emocional, como moneda de supervivencia. El Estado no planifica: reacciona. No previene: parchea. No ordena: justifica.

La regularización vinculada a la DANA en 2024/2025 fue presentada como una medida humanitaria excepcional tras la inundación. Se estima que afectó a unas 25.000 personas.  Pero lo grave no es el gesto, sino el método: Sánchez ha convertido la emergencia en herramienta política. No para fortalecer instituciones, sino para consolidar una narrativa. Se aprobó por Real Decreto-ley, con solemnidad jurídica, pero sin un texto unitario y consolidado que permita ver con claridad el conjunto de la medida.

Y luego llega la pieza mayor: la regularización extraordinaria anunciada para 2026. Aquí ya no hablamos de respuesta humanitaria puntual, sino de una operación de gran calado político. Normativa en tramitación, sometida a audiencia pública, preparada para adquirir forma de Real Decreto con fuerza de ley. Y el diseño es claro: una regularización amplia, con apariencia de orden administrativo, pero con un trasfondo de supervivencia parlamentaria. Sánchez no impulsa esta regularización porque haya descubierto de repente la realidad del mercado laboral español. No. La impulsa porque necesita apoyos. Porque necesita alimentar a sus socios. Porque necesita mantener la coalición viva, aunque sea a base de decisiones que deberían tratarse con la gravedad de un Consejo de Estado y no con la ligereza de un comité electoral.

Los requisitos conocidos hasta ahora hablan de residencia mínima de cinco meses continuados antes del 31 de diciembre de 2025, de ausencia de antecedentes penales con certificado del país de origen o residencia anterior —y si no se obtiene en plazo, una declaración responsable—, y de que la solicitud de protección internacional presentada antes del 31 de diciembre de 2025 sea válida como vía.  El filtro laboral se presenta como prueba de virtud cívica, como garantía de sostenibilidad, como mecanismo de integración. Pero en la práctica es una fábrica de fraude cuando no hay inspección suficiente y cuando el Estado mira hacia otro lado.

Y lo de los antecedentes penales en el país de origen roza directamente el teatro institucional. Se exige certificado, sí. Pero se abre la puerta a que, si no se consigue en plazo, se sustituya por declaración responsable. Es decir: si el Estado extranjero no coopera, basta con una hoja firmada. Y se nos pide que llamemos a eso control. Y cuando un Estado confunde compasión con laxitud, el resultado no es justicia: es caos.

Pedro Sánchez ha convertido la inmigración en un instrumento de propaganda permanente. Cada regularización se vende como acto moral, como victoria ética, como gesto de humanidad. Y quien critica la gestión no se considera adversario político: se etiqueta como enemigo moral.  

El drama es que Sánchez no construye músculo: construye relato. No refuerza el sistema: lo tensiona. No planifica: improvisa. Y cada improvisación se presenta como épica. Cada parche se presenta como estrategia. Cada concesión parlamentaria se disfraza de reforma histórica. cotidiana. Y ante ese cuadro, el Gobierno responde como siempre responde Sánchez: con una puesta en escena. Y cuando un gobierno hace de la ley un anuncio, de la frontera un eslogan y del BOE un instrumento de negociación partidista, la conclusión no es ideológica: es institucional. No estamos ante una política migratoria. Estamos ante una política de poder. Y en ese juego, España no gana. España paga.