Sánchez Podemita y su caos migratorio vs Unión Europea

Hay ironías que rozan la tragedia

Durante el segundo semestre de 2023, bajo la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea ejercida por Pedro Sánchez (1 de julio–31 de diciembre de 2023), se impulsó el acuerdo político que permitió culminar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, formalmente adoptado en abril de 2024. Se proclamó entonces una Europa más ordenada, más responsable en frontera, más rápida en la tramitación de solicitudes infundadas y más eficaz en los retornos. Se habló de equilibrio entre humanidad y control. Se apeló a la responsabilidad compartida.

Y, sin embargo, apenas apagados los focos de Bruselas, Pedro Sánchez que presidió aquella arquitectura normativa anuncia una regularización amplia para 2026 que rompe el espíritu y la lógica operativa— de aquello que ayudó a cerrar: El Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Más aún —y aquí la preocupación deja de ser académica para tornarse clamorosa. En materia de seguridad, admitir que la falta de certificación de antecedentes penales en el país de origen pueda suplirse con una mera declaración del propio solicitante no es una flexibilización compasiva: es la inversión completa de la lógica preventiva sobre la que descansa el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.

En cuanto al arraigo y la inserción laboral, el problema no es menor ni accesorio; es estructural. Cuando la acreditación del vínculo social descansa en informes emitidos con criterios variables surge un campo fértil para una economía del fraude. Si el acceso al estatus jurídico depende de acreditar un empleo prometido o un arraigo maleable, pronto aparecen intermediarios que, por un precio, fabriquen el papel que falta. Y quienes prosperan en ese mercado no son los migrantes de buena fe, sino las mafias.

Ácido lento que corroe los pilares del sistema

La regularización de impronta sanchista-podemita no es un simple giro administrativo; es un ácido lento que corroe los pilares del sistema. Devalúa la credibilidad de los procedimientos, porque transforma el rigor en formalismo y la verificación en trámite. Abre la puerta a un coladero de expedientes ficticios, donde el papel puede pesar más que la realidad y la declaración más que la prueba. Erosiona la confianza pública, al sembrar la sospecha de que la norma no distingue con nitidez entre quien cumple y quien simula. Y, mientras tanto, satura la Administración hasta el límite de su resistencia, reduciendo su capacidad de discernir entre integración auténtica y ficción burocrática. Cuando todo debe tramitarse a la carrera y verificarse con medios insuficientes, el sistema pierde precisión. Y un Estado que pierde precisión en materia migratoria no gana humanidad: pierde autoridad.

Catalán o nada: la nueva frontera feuda ¿Los rechazados los regulariza Murcia?

A esta deriva se añade un elemento inquietante de fragmentación territorial que raya en lo kafkiano. Desde Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha deslizado la idea de que no se regularizará a quienes no acrediten conocimiento del catalán. La propuesta no es un mero filtro cultural: convierte la regularización, ya discutible por su laxitud en otros requisitos, en un juego de sillas geográfico-lingüístico.

Si la normativa varía según el territorio, surge la pregunta inevitable: ¿quiénes no cumplen la condición lingüística se regularizan en Murcia o en Madrid? ¿Se traslada la persona de provincia en provincia buscando la jurisdicción más indulgente? La política migratoria deja de ser un proyecto nacional coherente y se transforma en un tablero de ajedrez burocrático, donde cada autonomía decide su propia regla y cada solicitante debe calibrar sus movimientos como si jugara un juego de azar con cartas marcadas.

No es exageración: la feudalización normativa es exactamente eso: normas distintas según la geografía, criterios dispares según el signo político local, y un caos administrativo que convierte la integración en un laberinto de oportunidades diferenciales.

En suma, condicionar la regularización a requisitos lingüísticos locales no es un detalle cultural: es la fractura del principio de igualdad ante la ley. Y cuando el Estado se fragmenta así, la inmigración deja de ser política de Estado, la Unión Europea deja de ser referencia y la autoridad se diluye en una serie de microdecisiones territoriales que recuerdan más a un mosaico feudal que a un proyecto de integración nacional y europea.

Sánchez Podemita, España feudal y divergente de la Unión Europea

Europa fue construida sobre la disciplina del compromiso. El Tratado de Lisboa, el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), el Reglamento de Dublín y el Pacto de Migración no son piezas decorativas en una vitrina institucional; son los remaches que mantienen unida la estructura. Aflojarlos por conveniencia coyuntural no produce flexibilidad, sino fatiga del material.

Cuando la inmigración se convierte en instrumento de supervivencia del poder personal de un Sánchez Podemita, de su estabilidad parlamentaria y de escenario territorial feudal, el orden se resiente. Y cuando el orden se resiente, lo que emerge es el caos administrado

Sánchez Podemita ha logrado que ley común se adapte a su conveniencia, que la frontera dependa del pacto coyuntural, que la integración se fragmente en requisitos identitarios dispares, que se erosione la autoridad misma del Estado, que España siga en la vía divergente del proyecto europeo.

Sánchez Podemita, ha logrado que la inmigración deje de ser política de Estado y política europea para convertirse en síntoma de algo más profundo: la sustitución del gobierno por la táctica, del orden por la improvisación, de la unidad de España por la feudalización.

Rubén Darío Torres Kumbrian: rtorres@der.uned.es