Los mitos fundacionales del sanchismo (III). 'Memoria democrática o memoria dirigida: el BOE como historiador'

Una de las mayores anomalías democráticas de la España actual es la pretensión del poder político de legislar la historia. La llamada Ley de Memoria Democrática no es una norma para estudiar el pasado, sino para controlar su interpretación. No busca verdad, sino obediencia narrativa.

Desde el BOE se establecen verdades oficiales, se jerarquizan víctimas, se seleccionan culpables y se define quién está moralmente autorizado para opinar. El Estado no garantiza la investigación histórica: la sustituye. Y cuando el poder decide qué se puede recordar y cómo, la historia deja de ser ciencia para convertirse en propaganda.

El problema no es recordar. Es recordar por decreto. No es honrar a las víctimas, sino utilizar su memoria como ariete político. No es cerrar heridas, sino mantenerlas abiertas porque electoralmente resultan rentables.
Esta legislación no nace del consenso, sino de la imposición. Excluye deliberadamente cualquier mirada compleja o crítica. Reduce una guerra civil a un relato binario y moralizante, donde unos representan el bien absoluto y otros el mal eterno. No hay contexto, no hay errores propios, no hay responsabilidad compartida.

La memoria dirigida cumple una función clara: deslegitimar el presente. Jueces, militares, medios de comunicación o partidos de la oposición son presentados como herederos simbólicos del enemigo histórico. El pasado se convierte así en un tribunal permanente al servicio del poder actual.

Nunca en una democracia madura el Gobierno actúa como historiador oficial. Porque quien controla el pasado controla el marco moral del presente. Y quien controla ese marco, gobierna sin contrapesos.

La memoria democrática, tal como está planteada, no fortalece la convivencia. La erosiona. No construye ciudadanía. Fabrica bandos. No dignifica a las víctimas. Las instrumentaliza.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López