La Ley de la Segunda Oportunidad surge como un mecanismo legal que permite a personas físicas (particulares y autónomos) cancelar total o parcialmente sus deudas cuando no pueden hacerles frente, siempre que actúen de buena fe.
Este procedimiento nace en España como respuesta a la crisis de 2008 que afectó a cientos de miles de autónomos y familias -solo durante ese año y el siguiente, el número total de desempleados superó los tres millones y siguió creciendo en los años consecutivos hasta cifras históricas- .
Finalmente, el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero de 2015, fue aprobado por el Consejo de Ministros para establecer un mecanismo de segunda oportunidad y medidas de reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
Sin embargo, no fue hasta la reforma introducida mediante la Ley 16/2022, del 5 de septiembre, de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal cuando realmente fue adaptada a la realidad social tras los años de crisis económicas, agravada por la pandemia de 2020. A partir de ese año 2022 se simplifica el acceso al EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) convirtiéndose en una figura central y normalizada dentro de la economía española.
Tanto es así que, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, los concursos de acreedores en la Región de Murcia se han disparado en los últimos años. Solo en los tres primeros trimestres de 2025 se presentaron 126 procedimientos concursales de empresas, 2.377 de familias sin actividad empresarial y 36 de personas físicas con actividad empresarial, posicionando a la comunidad a la cabeza del país en concursos personales. Las estadísticas muestran que más del 90% de los concursos en la Región corresponden a particulares sin actividad empresarial, consolidando una tendencia al alza entre los deudores individuales.
Para conocer de primera mano el impacto de la reforma y la evolución de la Ley de Segunda Oportunidad en la Región de Murcia, El Nuevo Digital ha consultado a Isabel Noguera Carrillo, fundadora de Isabel Noguera Abogados, y a Cristina Torres, abogada del mismo despacho, quienes trabajan esta especialidad desde la actualización normativa de 2022.
Ambas coinciden en que la reforma “ha supuesto una mayor flexibilidad en los requisitos de acceso, destacando la eliminación del acuerdo extrajudicial de pagos como presupuesto obligatorio y la ampliación del perímetro de deudas exonerables”.
Además, señalan que el perfil más habitual es el de “personas que han mantenido una actividad empresarial anteriormente y, la cual ha generado una deuda a nivel personal, como autónomos, pymes...".
La simplificación del proceso, así como una mayor fluidez procedimental al haber dos vías de acceso a la exoneración han hecho que el número de deudores aumente a nivel exponencial en los último tres años, así como el valor de sus deudas: “El caso de mayor cuantía económica que hemos tramitado, ha sido una deuda que ascendía a 1.680.000 euros. Este antiguo empresario, y administrador de su empresa, respondió con sus bienes personales de la deuda generada por la misma, perdiendo su hogar, y todas sus propiedades. Aun así, contaba con una deuda remanente de un millón seiscientos ochenta mil euros. Esta situación se extendió a su mujer, quien respondió con sus bienes privativos, al contraer la deuda junto a su marido".
De entre los analizados por este periódico, el récord de deuda perdonada ha sido de tres millones de euros; y la situación fue similar: empresario que avaló personalmente créditos de su empresa que compartía con otro socio y finalmente le fueron únicamente imputados a él.
Y es que, si bien es cierto que la Región de Murcia se ve envuelta en numerosos casos como el de estos empresarios, “sería fundamental reforzar la educación financiera básica, especialmente en materia de endeudamiento responsable y comprensión real del coste del crédito. Muchas situaciones de insolvencia derivan de la acumulación de financiación asumida sin una adecuada planificación”, apunta la letrada murciana.