Ninguno lo es, pero lo que prometía ser un concurso de acreedores de los 'relativamente sencillos’ se ha convertido en un “suplicio” para el administrador concursal. Y así se lo dice literalmente el administrador el titular del Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Murcia, ahora Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Murcia nº 2. “Lo que ha convertido el trabajo de los empleados y de esta propia AC en un auténtico suplicio”.
Todo empieza en noviembre del pasado año, cuando una empresa con sede en Molina y dedicada a la consultoría informática se declara en concurso voluntario de acreedores. Dos semanas después se nombra administrador concursal a una SLP de Abogados, Economistas y Administradores Concursales.
Cuando el abogado designado por la SLP comienza con la tramitación del concurso, descubre que los dos administradores solidarios de la empresa, que son socios al 50%, mantienen una “manifiesta animadversión e inquina”, con querellas interpuestas entre ellos. “Ello ha complicado especialmente la actuación de esta AC [administración concursal] a la hora de intervenir a los administradores, especialmente porque al ser solidarios, cada uno puede actuar por libre, aunque aceptando la intervención de la AC, con las complicaciones, anomalías e incidencias indicadas posteriormente”, como se va desgranando en el informe remitido al Juzgado y al que ha tenido acceso este periódico.
Narra el administrador que les ha propuesto a los dos socios, que no se hablan, que nombren un interlocutor, cosa que no solo no han hecho, sino que no han mostrado ningún interés en hacerlo. Entre tanto, la docena de trabajadores -pues la empresa sigue en activo- “nos ponen de manifiesto intensivamente, la dificultad y angustia que han pasado para desarrollar su trabajo, lo que llevó a la dirección de la empresa o tomar la decisión de cerrar las instalaciones al público y a veces en teletrabajo para evitar amenazas y situaciones agresivas, tanto por parte de clientes como de proveedores”.
La situación se agravó aún más cuando uno de los administradores solidarios -el más rebelde- actuó trasladando dominios web y servidores fuera de la propia empresa, dificultando así el trabajo de los empleados. En este aspecto, el AC hace hincapié al juez “en el esfuerzo, responsabilidad, flexibilidad y profesionalidad con la que están actuando los empleados de la concursada, dirigidos por…” el otro administrador solidario, quien a su vez actúa como gerente de la empresa y que sí estaría colaborando con el profesional designado por el juzgado.
En este sentido, el administrador expone que desde que asumió el concurso, y una vez que controla las cuentas y los ingresos de la empresa, se están realizando pagos de facturas, Seguridad Social y nóminas.
Lo que le cuesta entender al administrador son las causas que han llevado a la empresa a presentar concurso de acreedores, por cuanto muestra aparentemente unas cuentas saneadas y un crecimiento constante en la facturación. En el año 2019 fueron 436.000 euros; al siguiente 557.000 y desde 2021 su crecimiento ha sido exponencial por las subvenciones del Kit Digital. “Esto se refleja en la evolución de la cifra de negocio, pasando de 654.000 euros en 2021, a 834.000 en 2022, a 1.713.000 en 2023 y a 4.159.000 euros en 2024”. Y hasta el momento de la presentación del concurso, la facturación estimada superaba los 5,7 millones de euros, quedando a finales de 2025 en poco más de cinco millones, la cifra más alta de toda la vida de la empresa, constituida en 2015.
“Por tanto -dice el administrador-, la causa del concurso, no es por disminución de actividad”.
A falta de una “investigación con detenimiento”, en el informe remitido al juzgado, el abogado que lo firma adelanta que hay partidas contables en caja de 2,7 millones de euros, “cuando en caja física hay 0 €”, así como saldos de deudores del ‘socio rebelde’ superiores a los 150.000 euros. Otras irregularidades detectadas son saldos irreales de existencias cercanos a los 300.000 euros y falta de asientos de amortizaciones “desde hace años”.
En el mismo informe, el AC expone al juez que las querellas interpuestas entre los dos administradores son “por disposiciones de grandes cantidades de dinero, entre otras irregularidades o anomalías en documentación, bancos, contabilidad, etc.”; y sin llegar a ninguna conclusión definitiva, sí detalla cómo antes de presentarse el concurso en noviembre de 2025, el ‘socio rebelde’ se pagó una nómina y extraordinaria de diciembre por un importe de 9.000 euros, o cómo la empresa, supuestamente en dificultades, cuenta con once vehículos de renting y precisa que son cinco Mercedes y cuatro Smart, un Tesla y un Mini eléctrico.
Por último, el administrador señala que sí hay un ‘plan de viabilidad’, propuesto por el ‘socio no rebelde’, que aún deberá ser supervisado pero que, al margen de ello, hay una investigación abierta por la Fiscalía Europea en Madrid sobre el uso de las subvenciones recibidas por el Kit Digital, cuyos fondos procedían de la Unión Europea, financiados a través del mecanismo NextGenerationEU.