Los mitos fundacionales del sanchismo (V y epílogo). Cuando el poder necesita mitos

Toda serie tiene un cierre. Y toda construcción ideológica necesita una conclusión que explique para qué se levantó el edificio. Tras revisar los principales mitos fundacionales del sanchismo -el golpe del 36, la República idealizada, la memoria dirigida y la fabricación del enemigo permanente-, la pregunta ya no es histórica, sino política: ¿por qué este Gobierno necesita tanto el pasado?

La respuesta es incómoda, pero clara. Porque un poder que gobierna sin un proyecto sólido de futuro necesita un relato moral del pasado que le permita justificarlo todo en el presente. El sanchismo no administra la historia por afición académica, sino por necesidad política. Sin mitos, su arquitectura de poder se tambalea. El uso del 36 como arma arrojadiza no busca comprensión ni reconciliación. Solo busca división funcional, un país partido en dos mitades morales -con demócratas hereditarios y sospechosos perpetuos-, un esquema infantil, pero asombrosamente  eficaz, que permite descalificar al adversario sin debatir ideas, desacreditar instituciones sin reformarlas y deslegitimar controles sin asumir costes.

La idealización acrítica de 'la II República' cumple esta  misma función. No se trata de estudiar un régimen complejo -lleno de luces y sombras- sino de convertirlo en un santuario ideológico. Un pasado puro, incontaminado, cuya supuesta herencia moral se arroga el Gobierno actual. Quien cuestiona el mito... cuestiona la democracia. Quien matiza, traiciona y quien analiza... es sospechoso.

La Ley de Memoria Democrática -junto a su predecesora, la Histórica- es el instrumento jurídico de ese singular  proyecto. No legisla sobre archivos, investigación o conocimiento histórico. Legisla sobre 'el relato'. Fija una versión oficial, jerarquiza memorias, selecciona víctimas y delimita el campo de lo moralmente aceptable. El BOE como historiador. El poder como árbitro del bien y del mal retrospectivo.

Y cuando el pasado ya está domesticado, llega el siguiente paso: fabricar al enemigo del presente. El concepto de lawfare no es más que la versión contemporánea del viejo esquema del 36. Ya no hacen falta generales sublevados; basta con jueces incómodos. Ya no hay conspiraciones militares; hay fiscales que investigan demasiado. El adversario político se convierte en amenaza sistémica. La crítica, en ataque a la democracia. El control institucional, en sabotaje reaccionario.

El patrón es reconocible y peligroso. Todo límite al poder se presenta como ilegítimo. Toda alternancia, como riesgo. Toda discrepancia, como nostalgia autoritaria. Así se normaliza la colonización institucional, el desprecio al Parlamento, la presión sobre la justicia y la descalificación constante de la oposición. Todo ello envuelto en un lenguaje moralizante que se autoproclama progresista mientras erosiona los fundamentos del Estado de derecho.

La paradoja es evidente: quienes dicen combatir los fantasmas del pasado reproducen sus peores vicios. El maniqueísmo, la exclusión del discrepante, la reducción del pluralismo a una lucha entre buenos y malos. La historia deja de ser una advertencia y se convierte en manual de uso del poder.

España no es una anomalía histórica condenada a revivir eternamente su Guerra Civil. Lo anómalo es un Gobierno que necesita mantenerla viva en el discurso para sostenerse. Porque cuando un proyecto político es incapaz de ofrecer un horizonte compartido, recurre a un pasado permanentemente abierto. Cuando no puede unir por propuestas, divide por memorias.

Epílogo

Esta modesta serie no pretendía reescribir la historia, sino devolverle su complejidad. Recordar que los Estados no caen solo por conspiraciones externas, sino por renuncias internas. Que la democracia no se protege infantilizando el pasado, sino fortaleciendo las instituciones del presente. Y que ningún poder que necesite mitos para gobernar merece gobernar sin control.

La lección final es simple y profundamente incómoda para el sanchismo: la historia no pertenece al Gobierno, ni a sus socios, ni a sus leyes. Pertenece a los hechos, al debate libre y a una ciudadanía adulta y democrática. Todo lo demás es propaganda con pretensiones morales.

Cuando el poder necesita mitos es porque ha renunciado a la verdad. Y cuando renuncia a la verdad... empieza a temer a la libertad.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López