El empresario Trinitario Casanova. Tras él, en un montaje fotográfico, el Edificio España en Madrid, que adquirió por 272 millones y poco después vendió por 300 a hoteles RIU
La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid - Plaza nº 14 (antiguo Juzgado de lo Mercantil número 14) ha condenado al empresario ‘murciano’ (nacido en Orihuela) Trinitario Casanova a ocho años de inhabilitación para administrar empresas por el concurso ‘culpable’ de la empresa Trabis Edificación Avanzada, una firma integrada en el Grupo Baraka con domicilio fiscal en Yecla y cuya última sede en la Región se encontraba en el edificio Hispania, en Murcia.
La sentencia que hoy publica el portal Economía Digital, también conlleva la obligación de cubrir ante sus acreedores el déficit de la empresa en quiebra, una cantidad que supera los 20 millones de euros.
Según publicó El Nuevo Digital el pasado diciembre, Trabis presentó concurso en julio de 2019 y, pese a su domicilio en la Región, venía siendo tramitado en Madrid por la magistrada Carmen González Suárez, quien nombró administrador concursal al economista Francisco Tomás Martínez Casado.
El año previo a la presentación del concurso voluntario, Trabis contaba con 80 trabajadores entre fijos y eventuales al inicio del ejercicio, y lo terminó con una plantilla de 56 personas (en 2017 la plantilla media había superado el centenar). Ese año, 2018, presentó una facturación de 30,8 millones de euros, que era un 24% menos que en el año anterior.
Dedicado a la construcción no residencial, el resultado del ejercicio fue de 1,7 millones, frente a 1,9 millones en 2017. Aun cuando el pasivo de la empresa había descendido un 26% y se situaba en 16,7 millones, Trabis presentó concurso en 2019.
Desde la creación de Trabis en 1999, su administrador era Baraka Global Invest, propiedad de Trinitario Casanova, a través de cuya sociedad ejercía como presidente hasta 2018. En 2019, el 100% de las participaciones traspasaron a nombre de José Antonio Benimelli. Éste, según la misma fuente, era un empleado de Casanova.
Dos meses después del concurso, la juez autorizó la apertura de la fase de liquidación de la empresa y en diciembre del mismo año aprobó el plan de liquidación propuesta por el administrador concursal. En 2022, el concurso pasó de voluntario a necesario y no fortuito.
El grupo francés Corum, principal acreedor de Trabis, representado por el despacho Cuatrecasas, fue quien forzó el concurso necesario, señalando que un reparto de diez millones de dividendos a cuenta “supuso inequívocamente una salida fraudulenta del patrimonio de Trabis orquestada por Grupo Empresarial Baraka, único beneficiario de la dicha salida patrimonial”.
El mismo argumento lo ha sostenido la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, para quien la salida de dinero de Trabis fue un alzamiento de bienes, al tiempo que se habían detectado otras irregularidades contables, lo que podría constituir un delito penado con hasta cuatro años de cárcel.
La condena a Casanova también se extiende a Antonio Benimelli como testaferro, y ambos perderán los derechos que pudieran tener como acreedores concursales.
La sentencia puede recurrirse en apelación ante el mismo juzgado.
