Inmigración Ilegal SA

Hay en España una corriente hodierna y reiterada en ámbitos académicos y administrativos que tiende a valorar la inmigración masiva, sea legal o ilegal, como algo intrínsecamente positivo para la sociedad usando dos argumentos que, siendo ciertos, esconden las disfunciones de nuestro sistema y las perpetúan sin aportar razones que no sean de tipo sentimental o humanitario. Me refiero a la caída de la natalidad y a la necesidad de mano de obra en sectores productivos que han dejado de interesar a los trabajadores españoles.

Hagamos una reflexión sobre esto: ¿por qué en España las ayudas directas a la natalidad, la conciliación laboral de las mujeres por razón de embarazo y lactancia y al sostenimiento familiar son ridículas para rentas medias, y sin embargo, tan generosas para rentas bajas incluyendo a las personas inmigrantes? Y, ¿por qué permitimos que haya españoles que rechacen sistemáticamente puestos de trabajo mientras acumulan años de subsidios y ayudas públicas?

¿Por qué, en definitiva, las ayudas sociales se siguen planteando como un gasto y no como una inversión productiva que haga posible su retorno en el menor tiempo posible? Existe una industria de la pobreza que se integra en el sistema productivo para vampirizarlo y que lejos de ofrecer argumentos sólidos que justifiquen el desvío de tanto recurso económico a la ineficiencia apela a la solidaridad para profundizar en los males que como sociedad nos aquejan, y que se centra, como perfil más reconocible, en la inmigración ilegal.

Es obvio que quien viene a España con ganas de trabajar (que no son todos), sea de forma legal o ilegal, consigue hacerlo tarde o temprano, pero siendo ilegal genera de inicio un volumen de gasto asistencial que supera con mucho la mínima aportación que hará cuando consiga un trabajo que no cotiza ni aporta más que el gasto en impuestos al consumo cuando cubre sus necesidades básicas de alimentación y cobijo. ¿Quién se beneficia directamente de todo esto? Oenegés, entidades de ámbito social y miles de trabajadores que viven del presupuesto público sin aprobar una oposición y sin que su trabajo reporte un beneficio directo, tangible y medible a la sociedad. Más bien al contrario, pues hasta que consiguen una mínima estabilidad y la regularización de su residencia en España, la delincuencia se convierte en una forma más de asegurar su subsistencia.   

Este ecosistema sobrevive, como hemos dicho antes, apelando a razones de carácter sentimental que cimentan la gran mentira sobre la necesidad de realizar regularizaciones masivas con argumentos del tipo “vienen a pagarnos las pensiones”.

Veamos: Si yo trabajo de forma legal, cotizo. Para pagarme mi pensión futura, claro, no la de usted. Dicho de otra forma, un nuevo cotizante equivale a una pensión. Y ahora, piénselo: un salario bajo no compensa pensiones altas de trabajadores españoles cualificados y funcionarios cuyos importes son, de media, entre un 30/40% superiores a esos salarios. Otra cosa es la fe que depositamos en este esquema fraudulento y piramidal que es el sistema público de pensiones español, donde las no contributivas se cargan al sistema general en vez de tramitarse con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es la lógica perversa del mal hostelero que pierde dinero en cada plato que pone en la mesa de su restaurante sin saberlo, y se jacta de que tiene todos los días el comedor lleno. Pues cuanta más gente comiendo y pagando el menú, más dinero pierde.

Y sobre la falta de interés de los trabajadores españoles a emplearse en determinados oficios, no queda más remedio que reconocer que es verdad. Como también es verdad que nuestro sistema de subsidios y ayudas varias desincentive a la hora de aceptar determinados empleos a los trabajadores nacionales, pero curiosamente, nadie se atreve a explorar esta vía.

Tiempos difíciles que requieren de propuestas valientes y no sistémicas, que perpetúan la incertidumbre mientras mantenemos una brecha económica y asistimos a un choque cultural sin precedentes que tiene su reflejo, por ejemplo, en la seguridad ciudadana. Propuestas que deben valorar, por encima de todo, el derecho de esas personas a desarrollarse libremente y con todas las oportunidades en sus países de origen, única forma de que la prosperidad llegue a todos los rincones del planeta, y no sólo a todas las personas en un mismo rincón.

Linkedin: José María Riquelme Artajona