Morir como solución

Cuando el Estado deja de curar y empieza a aceptar la muerte como respuesta al sufrimiento.

La muerte de Noelia Castillo no es solo una tragedia personal: es una señal de alarma. No porque haya ocurrido —la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia lo permite bajo determinadas condiciones—, sino por lo que revela. Hemos empezado a cruzar una línea peligrosa: la de asumir que, cuando el sufrimiento es complejo, incómodo o difícil de tratar, la respuesta puede ser la muerte. No como último recurso ante lo irreversible, sino como salida ante lo que no sabemos —o no queremos— abordar.

Durante años, el argumento a favor de la eutanasia se sostuvo sobre un terreno aparentemente sólido: enfermedades irreversibles, dolor físico insoportable, deterioro extremo, ausencia de esperanza. Nadie podía mirar a un paciente con Esclerosis lateral amiotrófica en fase avanzada sin comprender —aunque no compartir— su deseo de poner fin al sufrimiento.

Pero este caso no encaja cómodamente en ese marco.

Aquí no hablamos de un cuerpo devastado sin retorno, sino de una joven con una patología compleja, sí, pero no terminal. Con limitaciones, pero no reducida a la absoluta dependencia. Y, sobre todo, con un diagnóstico psiquiátrico —el Trastorno límite de la personalidad— que introduce un elemento decisivo: la inestabilidad emocional, la impulsividad y la dificultad para sostener decisiones en el tiempo.

Y aun así, el proceso no solo no se frenó, sino que se validó paso a paso. No hablamos de una abstracción, sino de decisiones concretas: médicos que avalaron la solicitud, evaluadores independientes que confirmaron la capacidad, una comisión de garantías que no apreció objeciones y, finalmente, el respaldo judicial que despejó cualquier obstáculo. Es decir, todo el engranaje sanitario, administrativo y legal funcionó… precisamente para permitir la muerte.

La ley fue concebida como un instrumento excepcional, casi quirúrgico, para situaciones límite. No para resolver biografías rotas, ni para gestionar sufrimientos que la medicina —y la sociedad— no sabe o no quiere abordar.

Porque ese es el verdadero núcleo del problema: cuando el sufrimiento deja de ser exclusivamente físico y entra en el territorio de lo psíquico, lo relacional, lo existencial, la frontera se vuelve difusa… y peligrosa.

¿Puede una persona con un trastorno de la personalidad tomar una decisión plenamente libre, estable y no condicionada por su propia patología?

¿Es el deseo de morir una expresión autónoma o, en determinados casos, el síntoma más grave de la enfermedad?

Estas preguntas no son retóricas. Son incómodas. Y han sido respondidas —de facto— con una firma, un protocolo y una autorización.

Se nos dirá que hubo evaluaciones, informes, garantías. Y es cierto. Pero el problema no es si el procedimiento se cumplió, sino si el criterio era el correcto.

Porque cumplir un protocolo no convierte en justa una decisión. Solo la formaliza.

Mientras tanto, miles de pacientes con discapacidades mucho más severas, con dolores más objetivos y limitaciones más evidentes, siguen viviendo. Algunos con desesperación, otros con dignidad, muchos con una mezcla de ambas. Pero viven. Y lo hacen sin que el Estado les sugiera —ni directa ni indirectamente— que su vida ha dejado de merecer ser vivida.

Ese es el punto de quiebra.

Cuando la eutanasia deja de ser la excepción para convertirse en una respuesta posible ante el sufrimiento no terminal, el mensaje implícito cambia: ya no es “te ayudamos a morir porque no podemos aliviar tu dolor”, sino “aceptamos tu muerte porque no sabemos —o no queremos— ayudarte a vivir”.

Y eso, en términos éticos, es un salto abismal.

Más aún cuando el caso presenta elementos que invitan a la prudencia: juventud, patología psiquiátrica, conflictos familiares, antecedentes autolesivos. No hacen falta teorías conspirativas para entender que estamos ante una situación clínicamente delicada y moralmente resbaladiza.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿Se agotaron realmente todas las alternativas terapéuticas? ¿O se aceptó demasiado pronto que la muerte era una salida válida?

Porque si la respuesta a esa duda no es rotundamente afirmativa, entonces el problema no es Noelia. Es el sistema.

Un sistema que corre el riesgo de deslizarse, casi sin darse cuenta, desde la medicina que acompaña hacia la medicina que abandona. Desde la compasión que sostiene hacia la compasión que claudica.

La eutanasia pretende ser un último recurso. Pero cuando se amplía sin límites claros, deja de ser excepción y se convierte en tentación: la tentación de resolver lo que no sabemos curar.

Y cuando una sociedad cruza esa línea, deja de proteger la dignidad para empezar a degradarla. Empieza a decidir —aunque no lo diga— qué vidas merecen seguir siendo sostenidas y cuáles no.

Ese es el punto de no retorno.

Porque el día en que el Estado asume que hay sufrimientos que se solucionan eliminando al que los padece, deja de ser garante de la vida para convertirse en árbitro de su valor.

Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién puede morir, sino a quién dejaremos de intentar salvar mañana.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López