Ormuz: la renuncia estratégica de Sánchez que aísla a España

Hay momentos en los que los estrechos dejan de ser geografía para convertirse en destino. El estrecho de Ormuz, ese cuello de botella por donde transita una parte sustancial de la energía que alimenta al mundo, ha vuelto a ocupar ese lugar donde confluyen el comercio, la guerra y la voluntad política. No es simplemente una crisis más: es una prueba de carácter para Europa y el mundo. Y, en esa prueba, España ha decidido, de manera consciente, quedarse al margen de la primera línea.

El 19 de marzo de 2026, un grupo de potencias democráticas lanzó una declaración para contribuir a la apertura y seguridad del tránsito en Ormuz. No era una proclama vacía ni una mera nota diplomática. Era, en realidad, el primer acto de una secuencia clásica en la política internacional: la construcción de legitimidad previa a la acción. A ella se han ido sumando hasta 27 países, formando un bloque político que, sin ser aún una coalición operativa, constituye una señal inequívoca de voluntad colectiva.

Y, sin embargo, España no está. No se trata de un olvido, ni de una cuestión técnica, ni de una ambigüedad interpretativa. Es una ausencia deliberada. Una elección. Y como toda elección en política exterior, revela más por lo que evita que por lo que declara.

Europa, tantas veces acusada de lentitud y de exceso de normativismo, ha comenzado a comprender que el mundo ya no espera. La guerra en Ucrania, las tensiones en el Indo-Pacífico, y ahora la presión en el Golfo han erosionado la ilusión de que el comercio global puede sostenerse sin respaldo de poder.

La libertad de navegación, ese principio aparentemente abstracto, es en realidad la columna vertebral del orden económico internacional. Cuando esa libertad es cuestionada —y en Ormuz lo está siendo— no basta con invocar el derecho. Es necesario sostenerlo.

La declaración del 19 de marzo no es una intervención, pero tampoco es irrelevante. Es el momento en que las democracias dicen: “esto nos concierne”. Es el paso previo, la base moral y política sobre la que, si fuera necesario, podrían edificarse medidas más contundentes: desde escoltas navales hasta operaciones de disuasión.

No hay en ella estridencia, pero sí determinación. No hay precipitación, pero sí conciencia de que la inacción también es una forma de decisión.

A 29 de marzo de 2026, frente a ese movimiento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por la distancia. No por una oposición frontal —que sería, al menos, una posición clara— sino por una forma más sutil de desvinculación: la no adhesión.

Se dirá que España apuesta por la diplomacia. Que evita la escalada. Que preserva canales de diálogo. Todo eso suena razonable, incluso loable, en abstracto. Pero la política internacional no se mide en intenciones, sino en efectos. Y el efecto de no estar es evidente: España no forma parte del núcleo que está definiendo la respuesta occidental a la crisis.

En un momento en que Europa trata de afirmarse como actor estratégico, la ausencia española decidida por Sánchez no es neutral. Es una renuncia.

Conviene entender lo que está en juego. No se trata únicamente del tránsito de petroleros ni del precio del crudo. Se trata de algo más profundo: la capacidad de las democracias para sostener el orden que han construido.

Irán ha introducido una lógica peligrosa en Ormuz: el paso selectivo. No el cierre absoluto, que sería una provocación directa, sino una forma más sofisticada de control. Se permite el tránsito a quienes no son considerados hostiles, se dificulta o se encarece a los demás. Es una estrategia de fragmentación: dividir a la comunidad internacional, convertir el derecho en concesión, transformar la norma en negociación.

Ante eso, la respuesta no puede ser meramente técnica. Es, necesariamente, política.

La declaración de los 27 países es un intento de recomponer la unidad, de afirmar que la libertad de navegación no es negociable caso por caso. Es, en esencia, un acto de resistencia normativa frente a una erosión estratégica. Y Sánchez ha decidido que España no participe en ese acto.

Algunos argumentarán que la dependencia energética española del Golfo es menor, que nuestra exposición es limitada, que tenemos margen. Pero esa es una visión estrecha, casi contable, de la política exterior. Las grandes potencias —y las naciones que aspiran a tener influencia— no actúan solo en función de su interés inmediato, sino en función del sistema del que dependen.

España no es una isla energética ni estratégica. Su prosperidad está ligada al buen funcionamiento del comercio global, a la estabilidad de los mercados, a la previsibilidad de las rutas. Pensar que lo que ocurre en Ormuz no nos afecta es desconocer la naturaleza interdependiente del mundo contemporáneo.

Pero incluso si se aceptara ese argumento, quedaría otro aún más decisivo: el europeo. La Unión Europea está en un momento de inflexión. Durante décadas, ha sido una potencia normativa, capaz de fijar estándares, pero reacia a proyectar fuerza. Hoy, empujada por las circunstancias, trata de convertirse también en una potencia estratégica. Ese tránsito no es sencillo. Requiere decisiones incómodas, compromisos, riesgos.

La Unión Europea entiende que la seguridad del orden internacional no es un bien dado, sino una responsabilidad compartida. En ese contexto, la ausencia de España por decisión del sanchismo no es solo un gesto nacional.

Es una mala señal europea emitida desde Moncloa porque la Unión Europea no se construye únicamente en Bruselas ni en los tratados. Se construye en las decisiones concretas de sus Estados miembros cuando el sistema es puesto a prueba. Y en Ormuz, Sánchez ha optado que España no se encuentre en la vanguardia de esa construcción.

En Ormuz, se dirime algo más que el tránsito de buques: se decide si el orden internacional basado en reglas resiste o se pliega ante la fuerza. La línea está trazada. En la hora de Europa, callar es abdicar; y España, si calla, se desvanece.

Email: Rubén Darío Torres