La asociación profesional Asaja, desde su división territorial en Valencia, ha advertido de que el ministerio de Agricultura dejará fuera a miles de agricultores de las ayudas aprobadas para compensar el encarecimiento de los fertilizantes derivado de la guerra en Oriente Medio, debido a las trabas burocráticas y digitales que impone a la hora de efectuar la solicitud.
La organización agraria presidida en Valencia por Cristóbal Aguado lamenta que, a diferencia de lo ocurrido con las ayudas habilitadas durante la guerra de Ucrania –que fueron concedidas de oficio–, el Gobierno ha optado ahora por establecer un procedimiento más complejo que obligará a los agricultores y ganaderos a presentar telemáticamente una declaración responsable, en la que, además de tener una firma digital y entender los pasos informáticos, deberán cumplir unos ingresos agrarios de al menos 5.000 euros en la declaración de la renta de 2024 y conservar las facturas de compra de abonos durante cuatro años. También llama la atención que el Ministerio dispondrá de hasta cuatro meses para publicar las listas de beneficiarios en la web del FEGA, pero solo concederá a los agricultores 15 días hábiles para tramitar dicha declaración responsable, sin la cual no se cobrará la subvención.
Aguado afirma que “si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, que lo haga fácil, como hizo con la ayuda de Ucrania, de oficio y sin necesidad de trámites”. Si pide una declaración responsable a través de la sede electrónica del Ministerio, con todas las trabas y requisitos que ello conlleva, en la práctica estará excluyendo sobre todo a pequeños agricultores y agricultores mayores, que igualmente están pagando unos sobrecostes inasumibles.
El Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, contempla una ayuda de 55 euros por hectárea en regadío y 22 euros por hectárea en secano, con un máximo de 300 hectáreas por beneficiario y un mínimo de 100 euros. Aguado resume que “el Gobierno pide demasiada burocracia para una cantidad tan exigua, que será totalmente insuficiente”. En el artículo 50.6.b) se especifican todos los requisitos para aceptar la ayuda por medios electrónicos.
Asaja recuerda que la media de edad de la población agraria ronda los 65 años, y muchos superan incluso los 80 años, por lo que tienen dificultades para realizar gestiones informáticas. Asimismo, a propósito de nuevas cargas como el cuaderno de explotación digital o el registro telemático de tratamientos fitosanitarios, el Gobierno aún no ha realizado ningún programa formativo para explicar el uso de aplicaciones informáticas ni ha dispuesto oficinas gratuitas de gestión. Por otra parte, aún hay carencias de cobertura de internet en numerosas áreas rurales, que imposibilitan la gestión de trámites digitales desde las explotaciones y municipios de interior.
Asimismo, alertan que la escalada de los costes de producción, sobre todo de los fertilizantes nitrogenados y el gasóleo agrícola, ya ha supuesto en estas primeras semanas de conflicto más de 15 millones de euros de sobrecostes en el caso de la agricultura valenciana, por lo que considera “injustificable” que la Administración complique el acceso a unas ayudas que deberían llegar de manera ágil y directa a los profesionales del campo. Por ello, exige al ministerio de Agricultura que rectifique este planteamiento y adopte un sistema de concesión automática, similar al aplicado en la guerra de Ucrania, que permita que las ayudas lleguen sin obstáculos a todos los agricultores afectados.